Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, la figura de los fijos discontinuos ha estado en el centro de todas las polémicas. De hecho, organismos como Fedea han advertido en repetidas ocasiones que sólo servía para ocultar el desempleo real.
A pesar de ello, el Gobierno se ha negado por activa y por pasiva a facilitar la cifra de personas inscritas en esta categoría con la excusa de que recopilar las cifras es difícil, ya que exige la colaboración de todas las comunidades autónomas. Es más, el propio secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró el 2 de marzo que esos datos no existían. Ello pese a que días antes el mismo Ministerio de Trabajo los facilitó en una respuesta parlamentaria al PP, reconociendo que a cierre de 2022 la cifra de trabajadores fijos discontinuos inactivos e inscritos en los servicios públicos de empleo, pero excluidos de las listas de paro registrado alcanzó las 443.078 personas. Una cantidad que eleva el desempleo efectivo (contando los demandantes con relación laboral) hasta 3.459.837, cifra que supera en apenas 5.000 a los desempleados que había al inicio de la Legislatura, en diciembre de 2019. Queda así claro el maquillaje que los fijos discontinuos han provocado en la bajada del paro. Además, la volatilidad de estos contratos, similar a la de los temporales, tira por tierra el mensaje triunfalista del Ejecutivo sobre la capacidad de la reforma laboral para generar empleo.
El Gobierno reconoce un incremento del 80% de los fijos discontinuos sin trabajo, pero que no cuentan como parados
De hecho, si se tiene en cuenta su impacto y el hecho de que más de la mitad de los 497.000 nuevos ocupados en los últimos tres años (según la EPA) corresponden al sector público, se llega a la conclusión de que el Gobierno cerrará la actual Legislatura sin ser capaz de generar empleo en la economía real.
