Un paso de gigante contra la corrupción y el acoso laboral

La Ley de Protección al Informante llega tarde, pero llega. El pasado 16 de febrero se aprobó en el Congreso esta Ley (transposición de la Directiva Europea Whistleblowing) que ayudará en la lucha contra la corrupción y el acoso laboral , protegiendo a aquellas personas que alerten sobre infracciones graves o muy graves.

Y no puede llegar en mejor momento. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, publicado por Transparency International, revela que España se encuentra estancada en la prevención y lucha contra la corrupción. En concreto, nuestro país ha obtenido una puntuación de 60/100 en una escala de 0 (muy corrupto) a 100 (muy transparente).

De esta forma, de los 180 países y territorios analizados, España se sitúa en la posición 35 del ranking global de este estudio, descendiendo un puesto con respecto al IPC2021 y tres si lo comparamos con el IPC2020. Por otra parte, según el "Barómetro del Acoso laboral 2020" elaborado por el portal de empleo Infojobs, el 37% de los trabajadores españoles ha sufrido acoso laboral en algún momento de su carrera profesional, siendo las mujeres las principales víctimas.

La interpretación de estos datos no deja lugar a dudas: necesitamos actuar ya contra esta lacra. Y, por eso, La Ley de Protección al Informante y Lucha contra la Corrupción promete ser una de las herramientas clave para este cometido.

Uno de los puntos fundamentales de esta Ley es la imposición a todas las empresas y autónomos con más de 50 empleados, así como a todas las entidades públicas y organizaciones políticas y sindicales que obtengan fondos públicos, a contar con un Sistema Interno de Información o Canal de Denuncias.

Este Sistema Interno es un canal de comunicación que permite a personas relacionadas con el negocio poder informar sobre conductas graves y muy graves de forma confidencial y/o anónima. Y lo más importante: sin represalias. La Ley, destinada a estas personas que hacen uso del Canal de Denuncias, nace con el objetivo de proteger a los informantes de cualquier tipo de represalia.

¿Cuáles son los resultados esperados? Prevenir y detectar, en una etapa temprana, cualquier delito de corrupción, fraude y/o acoso laboral en las empresas. Lo que se traduce en una clara mejora del gobierno corporativo y un ambiente empresarial más ético, transparente y sostenible.

Sin embargo, implantar un Canal de Denuncias que cumpla con los requisitos de la Ley puede ser muy complicado si utilizamos los canales tradicionales que venían utilizando las empresas hasta ahora, como el correo electrónico o un número de teléfono.

Los canales tradicionales impiden poder realizar un seguimiento correcto de las denuncias recibidas o tener una conversación con la persona que alerta en caso de necesitar más información, manteniendo el anonimato. Es decir, los canales tradicionales no están preparados para cumplir con la Ley de Protección al Informante.

Y tiene sentido. Para contar con una Ley de Protección al Informante adecuada para la lucha contra la corrupción y el acoso, debemos mantener el mismo esfuerzo en conseguir un canal de comunicación que cumpla con los requisitos de anonimato y confidencialidad, y que sea realmente eficaz para proteger a las personas que alertan sobre sospechas.

En este sentido, es imprescindible dar un paso adelante en la evolución digital de las empresas y apoyarnos en la tecnología para cumplir y hacer cumplir la Ley. El Canal de Denuncias digital o en la nube es una solución tecnológica que permite garantizar la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes, gracias a la encriptación de los datos, consiguiendo así poder conversar con el denunciante sin necesidad de conocer su nombre y apellidos, o el origen de la comunicación (teléfono, IP, etc).

La enorme ventaja de vivir en la época de la revolución digital consiste, precisamente, en tener a nuestro alcance este tipo de soluciones digitales que hacen muy fácil el cumplimiento normativo y la protección de los ciudadanos. La tecnología RegTech (Regulación y Tecnología) democratiza el Compliance y permite a todo tipo de empresas poder cumplir con la normativa.

Gracias a las RegTech, además, todos los procesos necesarios para cumplir con la normativa se simplifican. Ya no es necesario, por ejemplo, contar con complejas hojas de Excel para realizar el seguimiento del equipo de Cumplimiento, ni invertir el tiempo en tareas tradicionalmente manuales y que ahora se pueden automatizar. Esto supone un alivio de la carga administrativa y una clara reducción del tiempo necesario para cumplir con los requisitos regulatorios, lo que se traduce en ahorro de costes y tiempo.

Además, las RegTech permiten analizar correctamente los datos y, por lo tanto, asegurar la consistencia de la información recopilada, identificar tendencias, detectar riesgos y proporcionar insights comparativos.

Por tanto, tenemos la tecnología y tenemos las soluciones para cumplir con la Ley de Protección al Informante y Lucha contra la Corrupción. Ahora está en manos de las empresas comprometerse en la lucha contra los delitos que se pudieran cometer en su interior y mejorar la ética empresarial, como pilar básico de los Principios ESG (Medioambiente, Social, Gobernanza) y clave de la sostenibilidad económica y empresarial del país.

WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky