
La historia de las fusiones en España muestra que no funcionan. Botín acabó echando a Amusátegui en una guerra sin cuartel entre rojos y azules, que aún se recuerda en la entidad y que, además, se llevó por delante al consejero delegado, Ángel Corcóstegui.
Francisco González y Emilio Ybarra estrenaron en 1989 una fusión entre iguales, en la que el pez chico acabó comiéndose al grande. González aprovechó la apertura de unas cuentas en Jersey por el expresidente del BBV, Pedro de Toledo, para echar a su socio por la borda.
La historia se repite en Unicaja. El acuerdo de fusión, al contrario que en los casos anteriores, deja en manos de la Fundación Unicaja el control de la entidad frente a Liberbank en un porcentaje de 60 a 40. Pero las armas las carga el diablo. El presidente de Unicaja, Manuel Azuaga, perderá las funciones ejecutivas el 31 de julio y el consejero delegado, Manuel Menéndez, puede ser reelegido, lo que dejaría el quinto banco español en manos de éste último. Una circunstancia que acabaría con la hegemonía malagueña y violaría el espíritu fundacional.
Menéndez actuó con una astucia tremenda. Después de lograr en el último momento introducir en el pacto de fusión que su labor sea revaluada para poder continuar como CEO, emprendió una reestructuración en los órganos directivos, en la que colocó a sus hombres de confianza y arrasó con los directivos malagueños, según estos, lo que rompió el equilibrio pactado.
El dominio de Menéndez se extiende de facto también al consejo de administración. El asunto fue tan sonado, que el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, con un poder omnímodo en la ciudad andaluza, convocó un pleno municipal el 28 de julio, que puede ser visto en la web municipal, dedicado a denunciar la pérdida de identidad de la antigua caja malagueña.
La petición de un consejero dominical por parte del grupo Mayoral, con cerca del 8% del capital, y el intento del banco por colocar a un dominical en sustitución de un independiente, provocó un tsunami interno con la dimisión de tres consejeros: Manuel Conthe, expresidente de la CNMV, Ana Bolado y Manuel González Cid. Los dos últimos tras las tensiones en la comisión de nombramientos, que dirigían. González Cid se fue tras airearse, además, la incompatibilidad de su cargo directivo en Cerberus, dueño de la inmobiliaria Haya Real Estate, rival de la de Unicaja.
La marcha de los tres consejeros, víctimas de las guerras púnicas internas, provocó la intervención del BCE, que reclamó una hoja de ruta clara sobre el futuro control del banco antes del 31 de enero pasado y exigió el nombramiento de independientes. Conthe fue sustituido por un hombre del grupo Mayoral, Rafael Domínguez, mientras que Bolado y González Cid, fueron relevados por dos independientes, Teresa Costa e Isidoro Unda, que en sus decisiones han reforzado el mandato del consejero delegado. Fue entonces cuando para evitar males mayores, otro dominical, el inversor mexicano Ernesto Tinajero, salió, no sin aspavientos, para reequilibrar el número de independientes.
Consciente de su poderío, Menéndez echó un pulso a Azuaga, que se saldó con la salida de los consejeros dominicales de la Fundación nombrados hace un año. Los cuatro defendieron que Azuaga cediera la planificación de las tareas del banco a Menéndez, pese a representar al patronato malagueño propietario. "A nosotros se nos eligió para defender los intereses de la entidad", aseguran off the record. "¿Qué sentido tiene que el consejero delegado tenga que adoptar la estrategia decidida por el presidente?, ¿dónde quedan sus poderes?", señalan.
"Roma no paga traidores", la frase atribuida al gobernador romano Servilio Cepión, que ejecutó a los tres asesinos de Viriato pagados por él, se cumple una vez más. Los cuatro habían sido elegidos por el anterior presidente de la Fundación, Braulio Medel, relevado por José Manuel Domínguez, un hombre de la absoluta confianza de Medel, al igual que Azuaga, quienes una vez asentados en sus cargos lo enviaron al destierro definitivo.
Entre tanta algarabía, Menéndez logró una victoria humillante para Azuaga, con el apoyo de dos tercios del consejo, pese a ser el socio minoritario. Para más Inri, los consejeros de la Fundación se marchan con el envío de sendas cartas en las que denuncian presiones y el cambio de postura del BCE, que amplió hasta el 30 de julio el plazo para decidir el presidente y el consejero delegado y permitió agilizar los plazos para que los nuevos consejeros de la Fundación voten en esa fecha.
Algunos ven en la complacencia del BCE la mano de su vicepresidente, Luis de Guindos. Sea como fuere, Azuaga tiene un problema, los consejeros afines (incluidos los cuatro nuevos de la Fundación) suman siete, frente al total de 15, pendientes de conocer el sustituto de María Garaña, que dimitió hace unas semanas.
Hay un inconveniente añadido, no está claro que al perder el poder ejecutivo, Azuaga pueda seguir como otro externo. El reglamento de este órgano exige que ponga su cargo a disposición del mismo, pero fuentes del banco creen que no es aplicable en este caso. Si fuera así, Azuaga tiene muchas opciones de quedarse en la calle, porque su puesto debería ser ocupado por un independiente siguiendo las recomendaciones del BCE.
En medios próximos al regulador se le reprocha que no haya sabido mantener la paz en la entidad. Los dos años de su trayectoria como presidente de la nueva Unicaja estuvieron jalonados de conflictos internos permanentes, con quejas escritas por los consejeros salientes de sufrir presiones antes de dimitir.
Existe un serio deterioro de la gobernanza, una circunstancia agravada desde que pertenece al Ibex 35. Nueve de los 15 consejeros han salido en menos de un año y la definición de la estructura de mando sigue en el aire. Pero las culpas no solo son para Azuaga, Menéndez también es responsable de esta pérdida de confianza. La actuación del CEO es vista con recelo en el regulador. Después del verano, fue llamado a Fráncfort para que explicara las perspectivas del banco, y no dejó buena impresión, según estos medios.
El escenario más probable es que la calma chicha actual se mantenga hasta la junta de accionistas, cuya fecha está aún por determinar, y luego se desate la batalla final, antes del verano. Es difícil de pensar que Azuaga se quede sin poder ejecutivo con un Menéndez plenipotenciario después de lo que ha pasado. Para echarlo, la Fundación tendría que revocar el apoyo a Costa y Unda, los consejeros recién elegidos que deben ser aún ratificados por la Junta.
Pero eso añadiría leña al fuego, por lo que se barrunta que tendrá que haber un pacto, con el BCE por medio, para restablecer la gobernanza , en el que las dos principales cabezas corren el riesgo de que sean cortadas.
La reciente salida del ex director general de Negocio de La Caixa, José Antonio Alcaraz, lo sitúa como candidato a consejero delegado, aunque fuentes cercanas al directivo desmienten que esté en ello. Otro aspirante sería José Sevilla, el exCEO de Bankia, que salió tras la fusión. Aún es pronto para pensar en el sucesor, pero se espera una remodelación completa.
PD.-Después de los duros informes del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, sobre la economía española, Calviño ha dado un nuevo paso para el control del organismo mediante el nombramiento de su exjefa de gabinete, Judith Arnal, como consejera. El tradicional equilibrio de fuerzas políticas en la entidad saltó por los aires con la designación de Carles Manera en el lugar del consejero del PP Manuel Castejón. Un hecho inédito de intento de politización de la Institución desde que Zapatero colocó al frente del banco a Miguel Ángel Fernández Ordóñez, procedente de la Secretaría de Estado de Hacienda.
El PP se quedaría solo con dos de los ocho puestos en el consejo, que se reparten los dos partidos. El momento culminante llegará en el verano de 2024, cuando tenga que ser elegido un nuevo gobernador. Si Sánchez sigue en el Ejecutivo, la tentación de quedarse con el control total de la institución va a ser alta.
Sería un error garrafal, como ya se vio con Fernández Ordóñez, que no supo anticipar la crisis de las cajas de ahorro en 2008 y encima promovió la fusión entre ellas, con lo que las abocó a la ruina absoluta.
La exjefa de gabinete de Calviño cumple el requisito sobre el reconocido prestigio que exige la Ley de Autonomía del Banco de España, pero no el de independencia.