Si Pedro Sánchez cumple su palabra, por una vez y sin que sirva de precedente, parece que la anunciada subida en un 8% del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta 1080 euros en catorce pagas, es ya una realidad, con efectos retroactivos desde enero. Una subida que bien pudiera definirse como "el salario del miedo", parafraseando el título de esa extraordinaria película de Henri-Georges Clozot, de principios de la década de los cincuenta, con una no menos extraordinaria interpretación de Yves Montand.
Miedo porque la decisión del Gobierno está motivada más por el pánico a los resultados que apuntan las encuestas en un año electoral que por lo que dictan las necesidades del país y la lógica económica. Y miedo porque una subida de la magnitud de la anunciada amenaza con ser el anticipo de un fuerte deerioro del mercado de trabajo, como demostraba el informe del Banco de España sobre la elasticidad del empleo al incremento del salario mínimo en el que se concluye que la subida del SMI a 1.000 euros mensuales en 2022 tuvo "un efecto negativo sobre el empleo y en particular sobre los colectivos de menor productividad", es decir los trabajadores menos cualificados y los jóvenes.
Vaya por delante que quien esto escribe no es contrario, en absoluto, a las subidas salariales. Al contrario. Pero la razón y la experiencia apuntan que el aumento de los salarios debe ser adecuada a las circunstancias del momento en la economía y las empresas que, son quienes crean el empleo y la riqueza. Y hoy, las empresas españolas, especialmente las pymes y los autónomos, que suponen el 90% de nuestro tejido empresarial, están asfixiadas por el aumento de los costes energéticos y de producción, la multiplicación de impuestos populistas y abusivos, la subida de las cotizaciones sociales y la caída de las ventas, además de sometidas a un escenario de inseguridad jurídica por parte de un Gobierno que promueve tributos a la carta y leyes a la carta.
Esto en un país como España que es el segundo de la OCDE que más ha subido el salario mínimo, un 36% en los últimos tres años, mientras lidera el paro de la Unión Europea superando los 3,4 millones de desempleados reales y duplica la tasa de paro media de la UE, que es también el campeón del paro juvenil con un 30% de nuestros jóvenes sin trabajo y sin esperanzas de tenerlo y que en el año 2022 ha sufrido el cierre de 26.207 empresas, la cifra más alta al menos desde 1995 que es desde cuándo existen estadísticas fiables de mortalidad empresarial.
Y no estamos haciendo tremendismo o demagogia, sino el retrato exacto de una realidad que debería obligar al Gobierno y a unos sindicatos mayoritarios domesticados, serviles, politizados y burocratizados a preocuparse más por la generación de políticas e instrumentos que impulsen la creación de empleo estable y de calidad que por incrementos salariales improcedentes en un contexto de inflación desbocada y recesión.
Si el Gobierno estuviera de verdad ocupado y preocupado por dar solución a la crisis de de la economía y el empobrecimiento de los ciudadanos debería ser consciente de que el problema principal de la alarmante pérdida de poder adquisitivo de los españoles, la mayor en 20 años, no es salarial sino fiscal por la combinación de salarios bajos con impuestos muy altos.
Y esto, como la falta de médicos en la sanidad pública, no es responsabilidad ni competencia de las comunidades autónomas ni de los empresarios, sino de los Ministerios de Economía, de Sanidad, de Pedro Sánchez y de un Gobierno mastodóntico, que presume de ser el más social de la historia cuando la realidad muestra que es el más caro de la historia, con 22 ministerios cuyos salarios nos cuestan más de 2 millones de euros anuales, más del doble del millón de euros que costaba el último gobierno de Rajoy, y que gasta unos 130 millones en sueldos de amiguetes enchufados como asesores y altos cargos que pagamos todos. "Cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar las piedras".