Estos días se ha celebrado la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios, un espacio para compartir objetivos entre el Gobierno de España, los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de nuestro país. En esta ocasión para abordar el despliegue de los fondos europeos, analizar las propuestas de las CCAA y conseguir que tengan un mayor impacto en la economía a largo plazo.
Estamos en el primer trimestre de 2023, un período decisivo para finalizar la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que elabora el Gobierno y presentarla formalmente a la Comisión Europea. Una Adenda en la que se ha querido contar desde el principio con la participación e implicación del conjunto de las administraciones públicas, de los gobiernos autonómicos y la FEMP para incorporar todas aquellas propuestas que permitan hacer uso de los fondos europeos para consolidar un crecimiento económico sostenible y sostenido en el tiempo, no solo avanzando en inversiones que tienen un impacto directo y eficaz en la recuperación de nuestra economía en estos momentos, sino también con reformas estructurales que nos permitan fortalecer nuestro modelo económico y nuestro tejido productivo a medio y largo plazo, con la vista puesta en un horizonte de progreso seguro, avanzando en ejes transformadores de nuestro clima de negocios como son la transición ecológica y digital.
2023 ha comenzado con buenas perspectivas económicas en este sentido gracias a los datos que confirman la confianza en nuestra economía y la consolidación de la recuperación tras la pandemia que el Gobierno ha conseguido mantener pese a tener que hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania provocada por la invasión rusa, que ha obligado a implementar una importante batería de medidas económicas y sociales para contener el alza de los precios, reducir la inflación y evitar que las consecuencias de la guerra provocaran efectos permanentes que alterarán el ritmo de nuestra economía a largo plazo. Así, hemos cerrado 2022 con un crecimiento del 5,5%, por segundo año consecutivo, que es la señal más evidente de la recuperación tras la paralización de la actividad económica en 2020. También la creación de empleo, cerrando el año con más de 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, con cifras record en creación de empleo indefinido y una caída drástica de la temporalidad son otro factor que evidencia la consolidación de nuestra economía. Por último, tener la tasa de inflación más baja de todos los países de la eurozona y del conjunto de la Unión Europea, con un 5,8%, demuestra la efectividad de las medidas puestas en marcha con la excepción ibérica y el tope al gas, la bonificación del carburante, la gratuidad del transporte público o las rebajas fiscales, por ejemplo, del IVA en el gas, la electricidad o los alimentos.
Otro de los ejes es la ejecución de las inversiones de los fondos europeos con la resolución ya de más de 23.300 millones de euros en convocatorias de ayudas y licitaciones, que demuestran que dichos fondos están llegando a la economía real, financiando más de 190.000 proyectos, un 45% a empresas. De hecho, el despliegue del Plan de Recuperación alcanzó la velocidad de crucero en 2022, con un ritmo de convocatorias y licitaciones de 2.000 millones de euros al mes. La constatación de que el Plan de Recuperación está cumpliendo sus principales objetivos: acelerar la transición verde y la transición digital, así como reforzar la cohesión social y territorial.
Junto con las inversiones, otro de los ejes del fortalecimiento de la economía española es la puesta en marcha en 2022 de reformas estructurales con la aprobación de importantes leyes para que los fondos europeos no sean solo una oportunidad para la recuperación económica temporal, que están permitiendo importantes inversiones que sirven de política anticíclica en el contexto de desaceleración de las tasas de crecimiento, sino también la oportunidad de generar un modelo económico de futuro haciendo frente a los desafíos que nuestro país tenía pendientes. Así, se han aprobado importantes leyes como la Ley de creación y crecimiento de empresas, la Ley de Startups o la reforma de la Ley Concursal que generan nuevas expectativas para invertir, confiar y desarrollar la actividad productiva en nuestro país. En la Adenda al Plan de Recuperación hay otras 30 reformas previstas que permitirán continuar la transformación de la economía española, y que junto al Plan permitirán un impacto macroeconómico sobre el nivel del PIB de hasta 3 puntos porcentuales de media cada año hasta 2031.
En este contexto es en el que iniciamos 2023 y en el que se ha producido la Conferencia Sectorial sobre el Clima de Negocios, potenciando la cooperación territorial y la co-gobernanza como ejes estratégicos para el diseño de esa transformación económica. En tiempos de incertidumbre como los que vivimos, con situaciones excepcionales e imprevisibles como las que han provocado la pandemia y la guerra de Ucrania, la tarea más urgente que debe hacer un gobierno es la de generar certezas y confianza. Una tarea que el Gobierno de España afronta como prioridad de la agenda política del país.
