Vuelve la ruina, empieza lo duro". Con esta sentencia terminaba mi amigo y compañero Juan Berga uno de sus recientes "Peregrino Mundo". Palabras tan rotundas como premonitorias de lo que, todo indica, se avecina en esta España, antes nuestra ahora de Sánchez y los Frankestein, en un año marcado inexorablemente por la persistencia de la crisis económica y el calendario electoral.
Año en que vuelve, sino la ruina, si el empobrecimiento y una enorme incertidumbre en lo económico que, como afirma el servicio de estudios de la CEOE en su último Panorama Económico, "intensificará la desaceleración, con un crecimiento en el entorno del 1%", para añadir que el impacto de la subida de los tipos de interés en el consumo y la inversión de las empresas y familias, la alta inflación y la situación de las finanzas públicas, junto al panorama geopolítico, "configuran entre otros factores un escenario que va a pasar factura tanto a la actividad como al empleo en 2023". Recordar aquí que crecimientos del 1% o inferiores con tasa de inflación en el entorno del 5 o 6% es realmente RECESIÓN, con mayúsculas.
Y esto no son augurios catastrofistas de profetas derrotistas, sino la conclusión que se desprende del análisis de los datos y los informes del Banco de España, la Unión Europea y de prácticamente todos los organismos internacionales que, salvo los tezanizados dependientes del Gobierno, muestran como España no sólo es el único país de la UE que todavía el PIB anterior a la pandemia, sino que los españoles hemos sufrido la mayor pérdida de poder adquisitivo de la OCDE, agobiados por el encarecimiento de los precios, el aumento de las cotizaciones y la subida de los tipos de interés, además de por la voracidad fiscal de un gobierno que utiliza los recursos público para resolver sus problemas internos y no los problemas de los ciudadanos.
El índice de la Tax Fundation, el principal instituto de investigación independiente de EE UU, acaba de calificar a España como uno de los países con peor competitividad fiscal de todas las economías desarrolladas, con unos contribuyentes que soportamos un esfuerzo fiscal sobre la renta disponible superior en un 53% a la media de nuestros socios de la UE. Mientras que la presión fiscal sobre las empresas es del 32,5% frente al 23,5% de media de la los veintisiete estados miembros de la UE que, a través de Eurostat sigue situando a España como el líder del desempleo de la UE, con una tasa de paro del 12,4% duplicando prácticamente el 6,5% de media de la Unión, con el añadido de que son españoles cuatro de cada diez jóvenes europeos que están en paro.
Incertidumbre y empobrecimiento que, más que vuelven se agudizan, cuando en la política empieza lo duro. Que no ha hecho más que empezar el año cuando el Gobierno y sus aliados independentistas han consumado su asalto al Tribunal Constitucional, no sólo con el nombramiento de Conde Pumpido como presidente sino que ha roto, el equilibrio institucional y el consenso que ha regido en el TC desde el inicio de la democracia, al elegir como vicepresidenta a Inmacualda Montalbán, del grupo sanchista y que ha sido premiada de forma reiterada por el Gobierno y en diferentes ayuntamientos socialistas.
Eso con el añadido de que entra en vigor la reforma del Código Penal con la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas de malversación a gusto de los golpistas catalanes condenados. Que los violadores y delincuentes sexuales que han visto rebajadas sus condenas superan ya los 150, mientras que una veintena están ya en la calle entre las risas de la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, y la complacencia por pasividad y cerrazón de la ministra Irene Montero. Que ya han comenzado las revisiones de condenas de condenados por corrupción, por las cesiones de Sánchez a sus socios para mantenerse en el poder. Que el juez Llarena ya ha aplicado la derogación de la sedición al fugado Puigdemont, y que la izquierda abertzale, también socio del Gobierno, ha sacado a la calle a 20.000 personas para pedir la libertad de los presos de ETA.
Como me comentaba irónicamente un destacado ex dirigente del Partido Popular, si Núñez Feijóo llega al Gobierno va a tener que crear una Secretaría de Estado de Derogaciones dentro del Ministerio de la Presidencia. Amén.
