El Gobierno plantea en su propuesta de reforma eléctrica enviada a Bruselas que sea un organismo regulador el que fije la retribución de nucleares, hidráulicas y renovables y que el gas siga acudiendo al mercado.
El Ejecutivo opta de nuevo por el intervencionismo. Con todo, existe una razón para hacerlo en el caso de las nucleares, ya que una retribución regulada impediría a estas centrales regresar a los números rojos que en el pasado forzaron el cierre de la central de Garoña. Es por ello acertado impulsar medidas que permitan obtener una adecuada rentabilidad a las empresas propietarias de las plantas. Sólo así podrán hacer frente a los ingentes gastos de mantenimiento que deben afrontar para garantizar la seguridad del parque atómico nacional.
