El Tribunal Constitucional (TC) se ha convertido definitivamente en la válvula de presión de una España en la que se han roto muchos más consensos. No es algo nuevo, puesto que este Tribunal de Garantías se ha transformado desde hace muchos años en un bastión que todos los políticos quieren controlar, puesto que tal y como están las cosas, están convencidos de que quien tenga ascendencia sobre este órgano judicial, tendrá el control de las decisiones políticas, aunque no sean ajustadas a la Carta Magna. Por este motivo, el TC es ya otro de los muchos parajes institucionales donde se está llevando la contienda entre la derecha y la izquierda política en nuestro país.
El Tribunal Constitucional ha puesto cordura en una crisis institucional que estaba poniendo en peligro la paz social que emana de la Constitución. Con la aprobación de las cautelarísimas se ha reconducido un dislate legislativo que se ha venido convirtiendo en los últimos años en algo habitual: la mayoría parlamentaria elabora leyes hurtando al Parlamento los debates y eludiendo la intervención de organismos consultivos, invadiendo, incluso, las competencias del poder judicial.
El Parlamento no está por encima de la Ley y la falta de un sistema legislativo coherente es el peor enemigo del desarrollo económico y social
No está en peligro la democracia, que gracias a la Constitución y sus garantes vela por el Estado de Derecho. Y la situación vivida tiene que servir para que tanto el Gobierno, sus socios y la Oposición entiendan que copar las instituciones de control del Estado con perfiles políticos y no con profesionales independientes con trayectorias profesionales solventes empobrece las instituciones e imposibilita que esos controles funcionen. El Parlamento no está por encima de la Ley y la falta de un sistema legislativo coherente es el peor enemigo del desarrollo económico y social.
El problema es que estamos soportando el peor periodo legislativo de toda la democracia debido a un Ejecutivo de coalición que hace todo lo que se le ocurre con tal de mantenerse en el poder. Por este motivo, la seguridad jurídica es ya rehén de la ideología, que ya está por encima de las leyes y, por supuesto, de la Constitución de 1978. Se está generando con ello un situación de total inseguridad jurídica que desalienta la inversión, tanto española como extranjera, lo que es muy negativo ya que con ello se está hipotecando la economía de los próximos años.
A pesar de ello, persisten unos bloqueos en el ámbito judicial que son consecuencia de la politización de los órganos de control, puesto que los nombrados ponen sus intereses políticos por encima del buen funcionamiento de estos. Y el tema no es de ahora, sino que es una madeja que se ha venido tejiendo desde hace bastantes décadas. En concreto, desde los años 80.
Con el Constitucional se está generando una situación que desalienta la inversión, tanto española como extranjera
Un ejemplo lamentable de este camino pernicioso al vacío institucional, es que el Tribunal Supremo acaba de anular el nombramiento de un magistrado de la Sala de lo Mercantil porque el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no tuvo en cuenta que el resto de los magistrados estaban especializados en Derecho Mercantil.
Asimismo, en una situación de crisis económica y social, con un nivel de recaudación que no conoce parangón, el Gobierno de Pedro Sánchez impone medidas erróneas a base de reales decretos impuestos sobre sectores que están sobreviviendo o ayudando a sobrevivir a un tejido empresarial construido mediante microempresas, y con el oxígeno de la inversión extranjera.
No se puede perder de vista también que en el último año los concursos de acreedores se han disparado un 71% y que en el caso de los autónomos supera el 83%, lo que muestra las dificultades que están atravesando muchos negocios.
Persisten bloqueos en el ámbito judicial que son consecuencia de la clara politización de los órganos de control
La modificación del delito de sedición y el de malversación es también una lamentable forma de legislar, no en beneficio de los ciudadanos sino con unos destinatarios que tienen nombre y apellidos. Otro ejemplo es la ley de Garantía Integral de la Igualdad Sexual, que es una buena muestra de la lamentable praxis normativa del Ejecutivo y de las tragaderas del Legislativo, mientras los condenados ven reducidas sus penas.
El presidente Pedro Sánchez ha lanzado, por la puerta de atrás su batería de reformas del Código Penal con vistas a las próximas elecciones, dando a quienes tienen el poder de mantenerle en el puesto (ERC especialmente) las prerrogativas que le han ido exigiendo.
A pesar de ello, el propio Sánchez habla de "golpe de Estado de la judicatura derechista" cuando ha hecho oídos sordos a las recomendaciones hechas por las instituciones europeas, que consideran que es necesario que la elección de los altos cargos de la magistratura vuelva a sus orígenes y se acabe con el manejo de los partidos políticos del poder judicial. Algo de lo que son contrarios tanto el PSOE como el PP de Alberto Núñez Feijóo. De estos barros los lodos sobre los que nos movemos en la actualidad.
Los magistrados acceden al puesto con la camiseta de la formación política que les ha aupado a tan alto honor
No conviene olvidar además que la Constitución Española es un texto de mínimos, elaborado por consenso en un momento tan difícil como era la salida del régimen franquista, por lo que todo su articulado se presta a interpretación. De ahí, la importancia de la jurisprudencia de este Tribunal de Garantías que es el Constitucional. Todos los partidos lo saben, son conscientes de ello y llevan peleando por controlarlo desde sus orígenes.
Montesquieu y la división de poderes, basamento de la democracia, está siendo acosado por quienes justifican la razón de las mayorías minoritarias por encima de la ética y del cumplimiento de las leyes. Abusar del Decreto-ley para evitar el debate en el Parlamento y evitar los dictámenes del Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial, se ha convertido en una forma de gobernar que en estos momentos no tiene otro parangón en la Unión Europea que las derivas totalitarias que muestran países como Hungría y Polonia.
El problema no es nuevo, pero en los últimos tiempos está adquiriendo unos niveles exagerados, pero entre tanto recurso de clara estrategia política hay algo que ningún ciudadano y empresa puede obviar como es que una mala praxis legislativa, como es la introducción de unas enmiendas a ultima hora en una ley que no tiene nada que ver con la materia para modificar algo tan sustantivo como son las minorías de control para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, sea o no sea un acto lícito, lo que está claro es que puede ser objeto de control de constitucionalidad.
A este respecto cabe considerar que, si bien el Constitucional comenzó contando con juristas comprometidos con la naciente democracia española, con el paso de los años y a través de un sistema electivo que se basa en las tendencias ideológicas, los magistrados acceden al puesto con la camiseta de la formación política que les ha aupado a tan alto honor. Y aunque el TC no sea poder judicial, está perjudicando la imagen de los jueces y, con ellos, la de la independencia de la Justicia. Y con ella la imagen de una España que quiere estar en cabeza de los países desarrollados de la Unió Europea, toda una ilusión con estas estrategias.
