Salto exterior exitoso de la construcción
Las grandes constructoras españolas baten en el presente año su récord histórico de contratación con 211.000 millones, lo que supone un alza del 12,3% frente al ejercicio de 2021. La clave está en la cartera exterior de las firmas, que crece el 13% hasta representar cerca del 90% del total, con el foco puesto en países como Estados Unidos, Canadá y Australia. Este elevado porcentaje refleja el claro liderazgo internacional que las empresas españolas han adquirido desde la crisis financiera de 2008, cuando se vieron forzadas a buscar fuera del mercado local las oportunidades que no había en España. Si la internacionalización fue entonces obligada, con la crisis provocada por la alta inflación ha demostrado ser una estrategia acertada que debe mantenerse. Siempre, eso sí, con la prudencia de seguir centrándose en territorios que garanticen seguridad jurídica.
Aumenta el desequilibrio en pensiones
El Ministerio de Seguridad Social seguirá impulsando hasta 2050 el castigo a los sueldos altos con un destope de las bases máximas de cotización de 35 puntos mientras que el límite de las prestaciones subirá un pobre 3%. Esto impulsará el diferencial entre la aportación de los que más cobran frente a la pensión a percibir, lo que daña la atracción de talento y la inversión. Pero además, la medida no servirá para compensar el mayor gasto del sistema en el futuro, por la jubilación de los baby boom y la vinculación de las subidas de las prestaciones al IPC. En concreto, Fedea calcula que el alza en cotizaciones incrementará la recaudación un 0,15% del PIB mientras que los desembolsos lo harán en torno al 3,5%. Urgen medidas que permitan racionalizar el gasto.
Persiste el retraso en fondos 'Next-Gen'
Hasta la fecha, sólo 4.200 millones de los fondos Next Generation, un 15% de los 28.500 millones ejecutados en convocatorias de subvenciones, han llegado a la economía real. Así lo constata el último informe de Esade, con datos hasta el 15 de noviembre, que también desvela que hasta entonces se han adjudicado 9.300 millones de los que 5.100 millones tienen como beneficiario una administración. Los datos demuestran que la burocracia y los retrasos siguen siendo los problemas sin resolver en la gestión de esta ayuda. Es preciso mejorar y acelerar la distribución de unos fondos que son claves para impulsar el PIB.