Tal y como adelantó el miércoles Yolanda Díaz, y confirmó poco después el propio Pedro Sánchez, Podemos y el PSOE negocian medidas para contener el precio de los alimentos que presentarán antes de fin de año.
Entre ellas se encuentra el reparto de un cheque extraordinario de entre 200 y 300 euros para un máximo de ocho millones de familias vulnerables. Una ayuda que las formaciones pretenden que se financie a través de un impuesto a las cadenas de supermercados, según ha avanzado el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias. Al igual que con los bancos y las energéticas, con esta tasa el Gobierno vuelve a señalar a las empresas como las culpables de los altos precios actuales y de beneficiarse de ellos. Una acusación demagógica y populista que es del todo injusta. De hecho, los supermercados no son los causantes del alza de la cesta de la compra. Tal responsabilidad está en la incorrecta aplicación de la ley de la cadena alimentaria que permite que los intermediarios disfruten de márgenes exagerados. Unas rentabilidades que en el caso de la distribución se ciñen a un escaso 3%, lo que tumba el argumento de Díaz de que la falta de competitividad en el sector impulsa los precios. A pesar de ello, el Gobierno plantea ahora una tasa que es una auténtica barbaridad. Porque solo así se puede calificar un tributo cuyo coste (entre 1.400 y 2.400 millones) se comería el beneficio conjunto de los seis gigantes del sector: Mercadona, Carrefour, Lidl, Eroski, Alcampo y Dia.
El impuesto a la distribución se comería el beneficio de los seis gigantes del sector y les condenaría a los 'números rojos'
El impuesto, por tanto, sería contraproducente para el objetivo del Gobierno de abaratar la cesta de la compra, ya que las empresas trasladarían al consumidor el coste de la tasa, lo que encarecería los alimentos.