El martes fue un día ajetreado para el Gobierno. Mientras la vicepresidenta Nadia Calviño presentaba las medidas hipotecarias para socorrer a las familias vulnerables acordadas la medianoche anterior, en Bruselas, el comisario de Economía, el italiano Paolo Gentiloni evaluaba el Presupuesto español para 2023, que el Gobierno acabada de sacar adelante gracias a las concesiones a ERC y Bildu.
Los corresponsales españoles en la capital europea habían avisado a sus redacciones centrales en Madrid ó Barcelona, que no se esperaban sorpresas. Pedro Sánchez vive una luna de miel con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. España es un país leal y, en líneas generales, disciplinado. ¡Ya hay bastantes problemas con otros socios como para estropear esa estupenda relación!
Gentiloni se ciñó, al principio, al guión esperado. Las cuentas garantizan "una transición fluida desde el apoyo generalizado en tiempos de pandemia hacia un enfoque centrado cada vez más en medidas temporales y específicas y a la prudencia fiscal necesaria para asegurar la sostenibilidad a medio plazo", señaló en un lenguaje rebuscado, pero complaciente. Ni un reproche a la subida de las pensiones el 8,5%, que costará unos 10.000 millones adicionales. Sobre el papel, la deuda debería bajar del 115 al 112% y el déficit de 5 al 3,9%, según las cuentas públicas para 2023.
En julio pasado, el Ecofin, había hecho una leve advertencia al Gobierno. Debería "estar preparado para ajustar el gasto corriente a la evolución de la situación (…) eliminando el gasto financiado con fondos nacionales por debajo del crecimiento potencial a medio plazo". Y en este punto es donde la Comisión comenzó a deslizar sus críticas para sorpresa de los asistentes.
El informe señala que de los 19.000 millones (1,6% del PIB) destinados en 2022 a paliar la crisis energética, sólo un tercio de esa cantidad, 6.000 millones (el 0,5% del PIB) cumple las reglas básicas. En román paladino, que el Gobierno se gastó la friolera de 13.000 millones en medidas "urbi et orbi", como la bonificación de los combustibles ó las rebajas del IVA en la luz y el gas, que se deberían haber ceñido a los más necesitados de ayudas por la crisis.
Al día siguiente, miércoles, el Fondo Monetario Internacional (FMI) hacía público el informe elaborado por sus étnicos tras la misión en España, en que elogiaba que medidas como "la ampliación de los bonos sociales eléctrico y térmico, el aumento del ingreso mínimo vital y la ayuda sectorial directa para las empresas han sido dirigidas adecuadamente para beneficiar a los más vulnerables a un coste fiscal relativamente bajo".
"Sin embargo, -continúa el texto- al igual que otros países europeos, la mayor parte del apoyo fiscal se ha destinado a medidas no focalizadas y que distorsionan las señales de los precios, como reducciones del impuesto sobre la electricidad y la bonificación de los carburantes. Estas últimas han sido costosas desde el punto de vista fiscal, y han beneficiado de forma desproporcionada a los hogares de mayores ingresos".
El organismo internacional advierte que la favorable evolución de los ingresos fiscales "podría ser de carácter temporal, y es prudente suponer que disminuirá con el tiempo, al menos parcialmente" y que "el aumento sostenido de los tipos de interés incrementará la proporción de recursos destinados a pagos de la deuda". A continuación recomienda poner en marcha un plan plurianual consistente en "una reducción moderada del déficit fiscal estructural primario el próximo año -de un cuarto a medio punto porcentual del PIB- para ayudar a aliviar las presiones de los precios", es decir, un ajuste de entre 3.000 y 6.000 millones.
La preocupación de la ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, por llegar con el cheque del Gobierno al mayor número de españoles en vísperas electorales es desmedida en los tiempos que corren. En elEconomista hemos advertido en infinitas ocasiones que el paquete anticrisis es insostenible.
La UE y el FMI piden concentrarse en los más vulnerables. Calviño quitará la ayuda a la gasolina
El Gobierno dejó fuera el coste del paquete anticrisis en sus Presupuestos y ahora tiene un problema para encajarlo, sin descarrillar sus previsiones. La vicepresidenta Calviño ha empezado ya a dar pasos en esa dirección. En los últimas semanas manifestó que la subvención de veinte céntimos a las gasolinas deberá suprimirse.
Asimismo, el acuerdo con las asociaciones bancarias sobre hipotecas se recondujo hacia los más vulnerables. Aunque Calviño asegura que abarcará las clases medias, el grueso se circunscribe a familias con una renta inferior a 25.200 euros, que representan menos del 20% de los hipotecados.
Teniendo en cuenta que el Banco de España considera que el 14% de las hipotecas son vulnerables, el pacto amplía mínimamente el colectivo de afectados.
Pero la vicepresidenta no da puntada sin hilo. El gran problema del encarecimiento de la financiación no sólo está en las familias con hipotecas, está en las pequeñas y medianas empresas. El Banco de España estimaba en 21.000 millones los créditos en riesgo de impagos entre las pymes y avisaba que crecería por la guerra y la crisis energética.
La política social se amplía con el pacto hipotecario y la moratoria de los ICO a fines de 2023
Aquí no termina la caja de las sorpresas. El Gobierno incluyó el martes en el consejo de ministros una prórroga hasta finales de 2023, después de las elecciones municipales y en vísperas de las generales, de los cerca de 10.000 millones adicionales en créditos otorgados por el ICO desde marzo. Un colchón que salvará a muchas pymes de ir a la quiebra. Con la entrada en vigor de la reforma concursal, los concursos de acreedores se ha duplicado desde septiembre.
El Gobierno dispara con pólvora de Rey, ya que utiliza al banco público para alargar los vencimientos de esta deuda, de manera que los recursos no serán contabilizados como déficit y consigue aplazar el problema hasta después de las importantes citas electorales que quedan por delante.
Chapó señor Sánchez, de un plumazo ha conseguido blindar a más de un millón afectados por la subida de las hipotecas y a miles de pequeñas y medianas empresas en dificultades hasta después de las elecciones.
Ese mismo martes, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se desgañitaba en el Congreso asegurando que la moción de censura al Gobierno se la harían "miles de ciudadanos el 28 de mayo, cuando depositaran su voto en miles de municipios". No lo tenga tan claro, señor Feijoo, este Gobierno se conoce todos los recovecos para seguir regando a los votantes con dinero público. El jueves aprobó el impuesto a energéticas y bancos, así como a los ricos para obtener 3.500 millones de ingresos extra.
No obstante, los ingresos fiscales serán insuficientes para sufragar las medidas anticrisis. Sobre todo, después de que Sánchez haya tenido que acceder a las presiones de sus socios vascos y rebajar la factura a las eléctricas. Además, persiste el riesgo de que los tribunales obliguen a devolver estas cantidades. Eso sí, cuando eso ocurra el que su suba al púlpito del Congreso para defender el programa económico ya no será Sánchez, si no otro presidente.
PD.-El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, barrió en las elecciones celebradas el miércoles pasado. Ahora, la atención está en el próximo 21 de diciembre, cuando anunciará los órganos de dirección y los miembros del comité ejecutivo de la CEOE. Los máximos responsables de las patronales madrileña Ceim y la catalana Foment, Miguel Garrido y Josep Sánchez Llibre, respectivamente, tomaron caminos muy diferentes. Garrido dio un giro de ciento ochenta grados en el último momento con su apoyo incondicional a Garamendi, mientras que Sánchez Llibre promovió la candidatura alternativa de Virgini Guinda.
Ambos patronales se han sumido en el hermetismo, en espera del veredicto de Garamendi. En la CEOE se sugiere que Guinda no logró "ni los votos del entorno de La Caixa", por lo que se especula con que Foment podría quedar fuera del comité ejecutivo, mientras que Garrido habría apalabrado la vicepresidencia primera ó la presidencia de alguna comisión relevante, como la de presupuestos. El equilibrio ente Madrid y Cataluña se podría romper y su peso ser muy diferente, lo que siempre es fuente de tensiones. Sobre el posible ascenso de la exministra Fátima Báñez a vicepresidenta, en CEOE se califica de "habladurías malintencionadas".
