Durante la última semana, no solo el Gobierno español ha anunciado nuevas medidas fiscales para abaratar la factura de la luz a los consumidores con la rebaja del IVA del gas. El Gobierno alemán anunció un poderoso paquete de 65.000 millones de euros el pasado fin de semana y también Bélgica está trabajando para aplicar el impuesto a los beneficios extraordinarios del sector energético. En realidad, son mayoría los gobiernos que están activando escudos fiscales para ayudar a hogares y empresas a hacer frente a la imparable subida del precio de la luz, en algunos casos con un elevado coste para las arcas públicas. Según un informe del think tank Bruegel, España es el sexto país que más porcentaje de su PIB está dedicando a ello, por detrás de Grecia o Alemania, pero por delante de Francia.
Las medidas más comunes son rebajas de impuestos, como reducciones del IVA u otros impuestos eléctricos, ayudas directas a los vulnerables, subvenciones al transporte público o para la instalación de equipamientos de mayor eficiencia energética. Los cálculos de este centro de estudios económicos de Bruselas no tienen en cuenta medidas regionales, por ejemplo, pero sitúan España como el sexto socio europeo que más porcentaje de su Producto Interior Bruto (PIB) está dedicando. El cálculo no tiene en cuenta el impacto que podría tener para las arcas públicas la nueva rebaja del IVA del gas, porque todavía no existe una estimación. Sin embargo, sí que tiene en cuenta el nuevo paquete alemán, que el mismo Gobierno de Berlín ha cuantificado. Así, según estos cálculos, España está destinando 27.300 millones de euros en políticas como la reducción del IVA, la ayuda para los combustibles o el tope del precio del gas, esto implica un 2,3% de su PIB. En sus repetidos mensajes, la Comisión Europea insistió en proteger a los más vulnerables y en empezar a acotar las políticas de ayudas. A principios de verano, por ejemplo, el Eurogrupo acordó en un comunicado que era hora de acabar con las ayudas generalizadas que dispararon los déficits públicos de la gran mayoría de países de la UE debido a las medidas de apoyo contra la pandemia del coronavirus. "No podemos afrontar la crisis energética con más medidas universales y permanentes", dijo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni.
Bruselas es partidaria de iniciativas que protejan los hogares más vulnerables o que compensen las empresas con más uso intensivo de la electricidad, pero desaconseja subvencionar de manera general los combustibles fósiles, por ejemplo. Entre los consejos de la capital comunitaria sí que está gravar los beneficios extraordinarios de las eléctricas. Esto es lo que han decidido hacer por ejemplo países como España, Rumanía, Italia o Grecia). Ahora, también lo estudia aplicar Bélgica, un país donde el precio de la luz ha llegado a escalar cerca de los 600 euros MW/h este mes de agosto.
En realidad, las autoridades belgas ya llevaban semanas contemplando esta opción y esta semana se ha acordado crear el grupo de trabajo que estudiará las distintas opciones para presentar una propuesta en las próximas semanas. "Ya existe en el sector nuclear. El objetivo es llegar a otras empresas del sector energético o a ciertos actores que ahora tienen beneficios muy elevados", explicó en una rueda de prensa recogida por Efe el primer ministro belga, Alexander de Croo.
Además, el país está estudiando con el sector financiero la posibilidad de articular una moratoria hipotecaria. "Algunos ciudadanos tienen una factura energética más alta que la suma de su devolución hipotecaria, una situación insostenible", dijo el primer ministro, que avanzó que el objetivo es "coordinarse con el sector bancario para que pueda retrasarse el pago de la hipoteca".
El gobierno federal ha acordado también prorrogar hasta marzo de 2023 la reducción de impuestos especiales sobre los carburantes y mantener el IVA al 6% para gas y electricidad. Bélgica es uno de los países de la UE donde más se ha disparado el precio de la luz y su gobierno respalda la petición española de aplicar un tope al precio del gas común en toda la UE. Sin embargo, esta semana, los expertos de la Comisión Europea lo rechazaban por considerar que en realidad, una política así dispararía el consumo de gas.
Diversas iniciativas
Otros gobiernos, como el de Alemania, aplica desde inicios de este año una reducción en uno de los gravámenes de la electricidad casi a la mitad. La medida tiene un coste de 3.300 millones de euros y se financia directamente con el presupuesto federal y el mercado de CO2. También se ha presupuestado un paquete de 130 millones de euros de subvenciones para hogares de bajos ingresos. Según los cálculos del gobierno, los hogares alemanes verán dispararse sus facturas de la luz un promedio del 63,7% más este 2022.
Otras iniciativas son asignaciones para las personas que se desplazan diariamente, con pagos de 135 euros para estudiantes y ciudadanos vulnerables, reducciones fiscales en el impuesto de la renta o una subvención de 100 euros para los desempleados. Otra medida estrella en Alemania ha sido la reducción a 9 euros del abono mensual de transporte público y en general, medidas para ayudar a financiar la eficiencia energética en hogares y comercios. Todo esto, supone una factura de 60.200 millones de euros, la más elevada de la UE en términos absolutos, pero inferior en términos relativos, pues supone un 1,7% del PIB alemán.
Destaca también por ejemplo Austria, que desde este septiembre ha fijado un máximo al precio de la electricidad residencial (0,11 euros por KW/h, también Estonia o Grecia aplican topes similares. Este tope cubrirá el 80% del consumo medio de los hogares y costará 250 millones de euros a las arcas públicas del país. En Dinamarca, el gobierno ha puesto en marcha un fondo de 33,6 millones de euros para apoyar la sustitución acelerada de las calderas de gas individuales y en Lituania se han aplazado las últimas medidas para terminar la liberalización del sector eléctrico para poder controlar los precios.
