El Ministerio de Trabajo no se da por aludido por la sentencia del Tribunal Supremo sobre su "prohibición de despedir".
Así, no solo no modificará los vetos que mantiene en el marco del plan de choque por la guerra de Ucrania, que siguen vigentes hasta el 31 de diciembre de 2022, sino que deja claro que quiere extenderlos al próximo año en el marco de nuevos paquetes de medidas. Se reafirma así en una receta que condena a las empresas a la inseguridad jurídica e impide que puedan diseñar sus ajustes de una manera más flexible. En un contexto de incertidumbre, este intervencionismo con un evidente deje electoralista, no evitará despidos, como advierte el Alto Tribunal. Pero, en cambio, sí destruirá empleo por el miedo creciente a contratar.