Ya no hay nada que se pueda explicar o comentar en relación con la renovación del CGPJ. Ni la visita del comisario Reynders, ni las mentiras de los partidos, ni las estrategias de interés, ni el deterioro institucional. Ni siquiera el perjuicio democrático para todo el país. La declarada intención de los políticos de controlar el poder judicial no es ya solo una intención, sino una evidencia efectiva. Lo que pretenden los políticos no es controlar la justicia sino seguir controlándola. Esta costumbre de domesticar por influencia política al órgano de gobierno de los jueces se ha consentido tanto durante tanto tiempo que ahora los partidos luchan por su tajada como lobos por su presa.
Se ha instalado una idea de normalidad en el control político de los jueces y ya parece que solo el CGPJ es el único terreno en el que se politiza la justicia. Lamentablemente, resulta normal y ni siquiera se habla del asombroso control político de los Tribunales Superiores de Justicia. En las Salas de lo Civil y Penal, una de cada tres plazas de magistrados se cubre directamente por el Parlamento autonómico, esto es, por la mayoría política del Parlamento o la Asamblea, por los políticos en ejercicio. Y esto representa que no es ya un juez el designado políticamente, sino que es directamente un político el designado para ser juez. En las salas donde hay cinco magistrados, la cuota se dobla y son dos los juristas de designación parlamentaria. Entiéndase: ocupan plaza de magistrado para poner sentencias y formar parte activa y decisoria del tribunal personas ajenas a la carrera judicial situadas allí directamente por el Parlamento autonómico.
Derribada la separación de poderes, se evidencia que a los políticos les interesa influir en la Justicia y que cualquier renovación del CGPJ busca la penetración sin apariencias de la política en la Justicia. La confusión de poderes ha creado pasarelas por donde transitan en dirección de doble sentido jueces convertidos en políticos y políticos reconvertidos en jueces. Ministras y ministros que han hecho campaña, que han hecho política de partido, regresan a la jurisdicción y jueces que han tomado decisiones en asuntos sensibles se integran en el Gobierno sin transición alguna. Estas puertas giratorias también se han normalizado hasta el punto de que cuando se habla de puertas giratorias se piensa en otro tipo de giros.
Evidentemente, se trata de trayectorias profesionales y políticas que alternan la ideología militante de un ministro con la necesaria imparcialidad de un juez. Ahora soy imparcial porque soy juez. Pero ahora soy partidista porque soy ministro. Quizá en la misma semana. Al final, va a resultar que la ideología, el partidismo y la imparcialidad solo son un pret a portèr para la ocasión. Como quien se pone un sombrero para escribir una obra de teatro y otro sombrero para hacer la crítica de esa misma obra de teatro en el periódico del día siguiente. Una camiseta para jugar el partido de fútbol y otra camiseta para arbitrar ese mismo partido.
Calígula lo hacía mucho mejor. Nombró cónsul a su caballo. Es verdad. Pero al menos, se abstuvo de nombrar caballo a un cónsul. En España lo habría hecho aunque solo fuera para generar debate. Y sobre todo, porque en España se pueden hacer nombramientos de disparate y lo único que ocurre es que los ciudadanos lo comentamos un rato. En el próximo CGPJ, que nombren a Calígula.
