La política económica del gobierno está presa de la ideología y se centra en la intervención en los mercados, la subida de los impuestos y en el incremento del gasto. Esto último no lo hace para mejorar los servicios públicos básicos como suelen utilizar como justificación, sino, como estamos comprobando, para incrementar la parte ineficiente del mismo e intentar condicionar el voto de lo que consideran sus segmentos electorales. Por lo general, este tipo de políticas se traduce en incrementos de déficit, ahora embridado por un incremento extraordinario de la inflación que, al mismo tiempo que castiga a los ciudadanos, llena la caja de Hacienda; la deuda, que en España alcanzó en el mes de julio otro récord histórico de 1,486 billones de euros, sin que la pandemia lo justifique, porque todos nuestros socios europeos la han sufrido y ninguno la ha incrementado como lo ha hecho el nuestro y el paro, ahora salvados estadísticamente detrás la figura de los trabajadores fijos discontinuos.
Son ajenas a sus políticas aquellas que lleven a consolidar las cuentas públicas, a garantizar la seguridad jurídica en los mercados, a ordenar el gasto, a mejorar eficiencia de los servicios público, a incrementar la competitividad o la productividad de la economía o a bajar la carga fiscal de familias o empresas. De hecho, como estamos viendo, ante cualquier intento de reducir la carga impositiva inician la campaña inquisitorial contra quien quiera hacerlo, bajo el argumento de que se quieren desmantelar los servicios públicos, salvo que en puntualmente lo hagan ellos; como si del alivio fiscal se derivase inexorablemente una menor recaudación y la decisión de bajar el gasto público que sostiene la sanidad, la educación o los servicios sociales básicos. En general, la izquierda no concibe que los servicios públicos también son sostenibles cuando hay más gente pagando menos impuestos, que cuando hay pocos pagando mucho y que eso es posible si la economía es competitiva.
Como se indicaba más arriba, uno de los conceptos que suelen olvidarse es el de productividad, cuyo índice mide la producción total por unidad de factor productivo y se calcula a través de un sencillo cociente que tiene presente la producción total y una medida ponderada de la cantidad de factores utilizados. Este índice se desagrega para poder referirse a la derivada de cada uno de ellos, lo que nos permite hablar, por ejemplo, de la productividad del trabajo cuando consideramos la producción total y el número de trabajadores necesarios para alcanzarla en un tiempo determinado, ya sea en una hora o en una jornada laboral, por ejemplo.
Lo relevante del aumento de la productividad en general y de la del trabajo en particular es que indica que mejora la competitividad de la economía, porque se alcanza el mismo nivel de producción con menos ocupados. A contrario sensu, una caída de la productividad indica una economía menos competitiva. En el primer caso, pueden incrementarse los salarios y los beneficios empresariales con lo que los ingresos fiscales serán mayores que en el segundo caso donde caen las retribuciones de los trabajadores y los réditos para los empresarios.
Los últimos datos de crecimiento de la economía española suministrados por el INE, que corrigen la evolución del nivel de PIB en 2020 y 2021, seguimos en la cola de la recuperación europea, situándonos a 2,6 puntos de alcanzar el nivel correspondiente al cuarto trimestre de 2019, es decir en el 97,4% del PIB previo a la pandemia. Pero es preciso llamar la atención sobre el hecho de que esto ocurre, según la última Encuesta de Población Activa, con 20.468.000 ocupados, es decir, con 501.100 personas más trabajando que con los que se cerró 2019. En otros términos, con más de medio millón de personas trabajando en 2022 no se alcanza el PIB de 2019. En este sentido, si consideramos al PIB por ocupado, o productividad media por trabajador, podríamos afirmar que si tuviéramos la de hace tres años, alcanzaríamos el nivel de PIB con 501.100 personas menos ocupadas, lo que significa, desde otra vertiente, que ese número de personas tienen un ingreso financiado con deuda pública.
Los datos que nos suministra el INE cuando se refiere a la productividad nos dice que por hora de trabajo se recuperó en 2021 respecto al quebranto de 2020 y se mantiene un poco por debajo en el segundo trimestre de 2022 respecto al cuarto trimestre de 2021. Sin embargo, si nos detenemos en esta cuestión de las horas trabajadas, volvemos a tener una conclusión similar a cuando nos referíamos al concepto de productividad media por trabajador o PIB por ocupado. En este sentido, el promedio semanal de horas trabajadas por el conjunto de población activa durante el segundo semestre de 2022 fue de 638,4 millones, un número sensiblemente inferior, aunque similar a las 644,4 millones con las que se cerró 2019. De nuevo, para contextualizar estos datos hay que tener presente que según la última EPA hay 501.100 ocupados más que en 2019.
Olvidarse de la productividad es hacerlo de la clave de bóveda sobre la que se sostiene la competitividad y, sin esta, no hay empleo de calidad que pueda sostener pagando impuestos y cotizaciones el estado del bienestar. Por eso, se hace preciso superar una política económica construida desde una ideología extrema y plomiza, para poner en el centro la productividad y la competitividad como garantía de la sanidad, la educación, los derechos sociales básicos y nuestro sistema de pensiones.
