El Consejo de Ministros aprobó ayer los Presupuestos para 2023, que son los más expansivos de la historia. De hecho, la partida de gasto social asciende a 266.719 millones, la mayor hasta la fecha.
Un incremento que ahondará el desequilibrio que las cuentas públicas ya presentan al producirse a las puertas de una ralentización económica. Así lo reconoce el propio Gobierno en su nuevo cuadro macro, donde rebaja las expectativas de crecimiento para España al 2.1% en 2023. A pesar de este frenazo, el Ejecutivo presume de que este aumento del gasto se lleva a cabo para proteger a las clases medias, lo que es más que discutible. Sirva para demostrarlo que los mayores desembolsos se concentran en pensionistas, funcionarios o perceptores del Ingreso Mínimo Vital, dejando de lado a toda la clase trabajadora del sector privado. Un colectivo que también se ve doblemente perjudicado por el afán recaudatorio del Gobierno. Porque solo con medidas lesivas para la mayoría de la sociedad, como la no deflactación del IRPF, las subidas de impuestos y el fin del plan anti-crisis (salvo en el transporte), se puede explicar que la recaudación escale al 7,7% interanual en 2023 pese a la desaceleración de la economía nacional.
El Gobierno lanza el Presupuesto más expansivo de la historia pese al frenazo del PIB y sin beneficiar a las clases medias
Los presupuestos, por tanto, presentan una doble incongruencia al disparar el gasto un 1,9% cuando habría que frenarlo. Y también en su objetivo de ayudar a clases medias y pymes, al abogar de nuevo el Gobierno por medidas generalistas en vez de concentrarlas en los colectivos más afectados por la inflación.
