El Gobierno ofreció ayer a los sindicatos de la función pública una subida salarial a los funcionarios del 3,5% de cara al próximo 2023.
Además, para compensarles por la pérdida de poder adquisitivo respecto a una inflación situada en agosto en el 10,5% plantea rebajar la jornada laboral de 37,5 a 35 horas semanales. Una propuesta que supone un notorio agravio comparativo frente a los trabajadores del sector privado. No en vano, en el pacto de renta se hablaba de subidas del entorno del 2,5%, lo que supone un punto menos que la que se bajara para los empleados de la administración. El Ejecutivo realiza un guiño a los funcionarios y casualmente lo hace en vísperas de los comicios autonómicos en los que serán calve sus más de tres millones de votos.
