El Gobierno sigue trabajando en el diseño de su impuesto temporal a las grandes fortunas que entrará en vigor el próximo año para evitar que sea inconstitucional.
Con ese objetivo, se descontará lo pagado por los contribuyentes a través de Patrimonio para evitar la doble tributación que daría argumentos a la Justicia para tumbar el gravamen. A pesar de ello, los expertos consultados por elEconomista indican que la tasa invade competencias autonómicas. Se abre así la puerta a que se presenten recursos ante los tribunales que pueden abocar a la devolución de las cantidades retraídas. Esto vuelve a demostrar la precipitación e ilegalidad de un tributo que carga de manera injusta contra las clases más pudientes por claros motivos electorales.
