La UE propone un impuesto que grave a petroleras y gasistas por sus beneficios extraordinarios. Pero presenta importantes diferencias respecto al gravamen que el Gobierno impulsa en España.
Para empezar, difiere en su duración, ya que el tributo europeo se limita a solo un año, la mitad que en nuestro país. No obstante, la disparidad más importante es que mientras que el Ejecutivo aplicará el gravamen sobre las ventas de las empresas, Bruselas lo hará sobre los beneficios. Algo lógico ya que resulta absolutamente sangrante que una empresa que está en pérdidas deba pagarlo. Todo ello deja claro que al contrario de lo que tratará de vender Moncloa, Europa realiza una importante enmienda al injusto impuestazo de Pedro Sánchez.
