Madrid
Aunque con este Gobierno del sanchismo creíamos que ya nada ni nadie podía sorprendernos, el presidente y sus ministros se empeñan, como en el circo, en hacer lo más difícil todavía. Y la última pirueta, por ahora, la ha protagonizado Yolanda Díaz ofreciéndonos el esperpéntico espectáculo de ver a una ministra de Trabajo pidiendo a los sindicatos que salgan a la calle para tener un otoño caliente.
"Vamos a subir el salario mínimo y lo vamos a hacer más que nunca", proclamaba Yolanda Díaz, mientras pedía al presidente de la CEOE "compromiso con su país". Y es precisamente por eso, por compromiso con el país, por lo que Antonio Garamendi y los empresarios se oponen a unas subidas salariales que en plena escalada alcista de los precios lo que hacen es retroalimentar la inflación, provocar más paro y deteriorar la competitividad de las empresas.
Compromiso con el país que es lo que la ministra de Trabajo y el presidente del Gobierno que es quien le consiente y autoriza los caprichos, ignoran o simplemente desconocen. Porque cuando Díaz habla de subir el SMI el 60% del salario mínimo no lo hace como miembro del Gobierno de España, sino como líder de esa plataforma política "Sumar", con la que aspira a presentarse a las elecciones generales, y con fines única y exclusivamente electoralistas. Los mismos que mueven a Sánchez cuando la secundan. Su único compromiso es con ellos mismos, cueste lo cueste y caiga quien caiga, aunque sea España.
Con una recesión de la economía en puertas, acompañada de crisis energética, alta inflación y la subida de tipos de interés, son muchas las empresas que no van a poder hacer frente al pago de sus préstamos y créditos en los próximos meses y mucho menos si tienen que subir de forma desmesurada los salarios lo que se traduce inexorablemente en más despidos y más paro.
Como ponía de relieve un reciente informe, las pequeñas y medianas empresas españolas se encuentran al límite. La escalada de sus costes y de los salarios ha hundido su rentabilidad provocando un aumento del 42% en la morosidad empresarial ya durante el primer trimestre del año. Y el futuro pinta todavía más negro, ya que muchas de estas firmas han puesto en marcha planes de contingencia para reducir su actividad. Los costes totales que soportan las pymes subieron un 23% en el primer trimestre de 2022 mientras que las ventas crecieron un 19,8%, lo que implica que sus márgenes se han desplomado y, con ellos, su rentabilidad, que cayó en el primer trimestre por octavo año consecutivo y se situó en el 3% frente al 3,7% de 2019.
Situación similar a la que padecen los autónomos que, agobiados por la inflación, el aumento de los costes de producción, y las cotizaciones están viviendo "la peor afiliación de autónomos de los últimos 10 años. De hecho, el empleo por cuenta propia perdió 10.442 trabajadores en julio, el mes que se publicó el nuevo sistema de cotizaciones para el colectivo.
Un desplome que equivale a una pérdida de 350 trabajadores diarios durante el mes. Dato preocupante, ya que como asegura el presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, "lo de los autónomos es un termómetro, cuando hay una caída de autónomos es un aviso de cómo puede estar la economía en general", subrayando que "esta caída de autónomos obedece más a una situación de agotamiento que tiene gran parte del tejido empresarial".
Si Díaz, Sánchez y el Gobierno tuvieran de verdad un mínimo compromiso con su país y con esa mayoría social que dicen representar pero para la que nunca han trabajado, en vez de actuar como auténticos pirómanos de la inflación con la complicidad necesaria de unos sindicatos en decadencia lo que deberían hacer es reducir unas cotizaciones sociales que suponen el 6,35% del salario bruto, deflactar el IRPF en relación a la subida de los precios y bajar unos impuestos con los que ellos, el Gobierno, está obteniendo las mayores recaudaciones de la historia. Eso, señora Díaz, si es compromiso con el país, y lo demás, propaganda, demagogia y desatino.
