La presión fiscal en España (el cociente entre el volumen de los ingresos tributarios y el tamaño del PIB) se sitúa en el 39,3%, una vez que se aislan los efectos distorsionadores relacionados con la pandemia e incluso con la crisis actual.
Ante ese dato, desde las filas del PSOE y Podemos, se argumenta que nuestro país se halla por debajo del promedio europeo, situado en en el entorno del 43% del PIB.
Además, culpan de esa brecha a la escasa recaudación del IVA, en lo que respecta a la imposición indirecta, y del IRPF, en el ámbito de los gravámenes directos. Ahora bien, estas comparativas no reflejan el verdadero esfuerzo fiscal que se les exige a los contribuyentes españoles. En primer lugar, porque ignoran la evolución de la renta per cápita. En segundo lugar, porque tampoco consideran el tamaño de la economía sumergida.
Es más, dejando de lado las operaciones que deberían declararse y que quedan en la sombra, lo cierto es que a los contribuyentes que sí cumplen sus obligaciones con el IRPF se les exige cada vez un mayor sacrificio. En concreto, en los últimos 20 años su aportación se ha elevado casi un 30%, más de 6.000 euros por persona. Y esa inercia tan negativa no se corrige.
Al contrario continúa in crescendo por la negativa a deflactar los tipos del Impuesto sobre la Renta, incluso en el contexto actual de una inflación histórica, y por medidas como la reciente elevación de los gravámenes a los tramos más elevados de renta.
Debe concluirse, por tanto, que es una falacia que en España la presión fiscal sea baja. Si a esa variable se le hacen las matizaciones antes señaladas, el esfuerzo fiscal real es incluso superior al promedio comunitario y supone un importante freno para el crecimiento en momentos como los actuales.
