Opinión

España ante el reto de la descarbonización

Reducir las emisiones, un imperativo también económico

La descarbonización no es solo un reto, es un imperativo. Y se hace visible cada día en medio de las circunstancias que nos asolan: la invasión rusa de Ucrania, la ola de calor incesante, los incendios que arrasan vidas, esperanzas y nuestro más rico patrimonio natural, el precio de la electricidad marcado por el del gas, importado en gran medida de Rusia, que ahoga a familias y empresas.

La descarbonización -proceso para reducir las emisiones de carbono del uso de combustibles fósiles- es un imperativo legal. Tanto la ley europea del clima como, en consecuencia, la ley española de cambio climático y transición energética obligan a alcanzar la neutralidad climática -emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las absorciones- no más tarde de 2050, y para lograrlo, la descarbonización es imprescindible.

Es un imperativo medioambiental, ya que el cambio climático es el principal problema de esta índole al que hacer frente.

Es un imperativo económico. El pasado 13 de julio IRENA, la Agencia Internacional de Energía Renovable, publicaba su estudio sobre los diferentes costes de generación de electricidad, y concluye que la generación a partir de fuentes renovables sigue ganando competitividad.

Y la descarbonización es también un imperativo geopolítico, para poder desconectarnos de las importaciones de gas ruso y lo que conllevan. El citado estudio de IRENA destaca cómo la generación de electricidad eólica y fotovoltaica en Europa, sólo de enero a mayo de 2022, supuso ahorrar 50.000 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles. Dicho de otro modo, sin el desarrollo alcanzado de renovables, el impacto de la invasión rusa sería mucho peor y mayores las importaciones de su gas. Y, por tanto, a contrario sensu, si hubiéramos avanzado más en el desarrollo de renovables, especialmente en estos últimos años de enorme caída de sus precios (desde 2010 un 88%, un 68% y un 60% la fotovoltaica, eólica terrestre y eólica marina respectivamente), estaríamos importándoles menos gas.

La ley de cambio climático establece en su artículo 3.1 a) que en 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española deben reducirse en al menos un 23% respecto a 1990.

El ministerio para la transición ecológica publicó recientemente que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentaron en España en 2021 con respecto a 2020 un 5,1%; y que se han reducido las absorciones, por lo que las emisiones netas aumentaron un 6,1%, y el nivel de las emisiones globales se sitúa en un -0,5% respecto a 1990. La falta de agua para generación hidroeléctrica o los incendios especialmente graves que impactarán nuestra capacidad de absorción no facilitan los datos de 2022. Significa esto que el tiempo pasa, nos acercamos a 2030 y no parece que avancemos al ritmo comprometido.

La Unión Europea acordó establecer objetivos intermedios a la neutralidad climática en 2050, que pueden obligar a revisar al alza los de nuestra ley: reducir un 55% las emisiones en 2030 respecto a las de 1990 y establecer otro objetivo para 2040. La motivación: no se puede dejar todo para el final. La misma lectura debemos hacer dentro de cada hito temporal. No puede repetirse lo sucedido en 2012, en que, en un solo año, hubo que solucionar el más que previsible y así advertido por la Comisión Europea, incumplimiento de España con el Protocolo de Kioto para 2008-2012, pues en 2011 estábamos bastante lejos del objetivo acordado.

El ministerio dice que las emisiones han aumento de forma pareja al PIB. Todos esperamos y deseamos el mayor crecimiento económico para España. Pero las emisiones no pueden seguir el mismo ritmo o no cumpliremos con este imperativo legal, medioambiental y ético de descarbonización. Y no lograremos disociar crecimiento económico y emisiones sin las inversiones milmillonarias necesarias; y éstas no se materializarán sin crear el entorno que las posibiliten:

"España debe facilitar las señales adecuadas para atraer la confianza de los inversores", reza el preámbulo de nuestra ley que establece como objetivo facilitar la descarbonización y, entre sus principios rectores, el de mejorar la certidumbre para las inversiones.

Por razones diversas y en diversas administraciones, como en otros Estados de la Unión Europea, se acumulan solicitudes para instalar 126 GW renovables en España. (Como orden de magnitud, el parque renovable en 2021 era de 64 GW) que facilitarían la descarbonización de nuestra economía, la reducción de importaciones de gas ruso y bajar la tarifa de la luz… Descarbonizar es más que un reto. Es un imperativo de tal magnitud que nada debiera dificultar avanzar en la dirección debida de manera urgente y prioritaria.

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