El Gobierno sigue adelante con sus impuestazos a banca y energéticas tras registrar en el Congreso la proposición de ley que crea ambas figuras.
Confirma así el injusto castigo a unas empresas que ayudaron en la pandemia, con una tasa que gravará sus ingresos en los dos próximos años. Además, también prohíbe que los sectores afectados trasladen a los clientes estos costes bajo el riesgo de infracciones consideradas "muy graves". Vaya por delante que la tasa tendrá un efecto nefasto para la economía, ya que las entidades reducirán la concesión de créditos en hasta 50.000 millones, según el Santander. Esto frenará la actividad y la inversión en un momento en el que la economía española se enfrenta a graves incertidumbres. Lejos de importarle este impacto, el Gobierno se sirve de una figura tributaria rebuscada, que ya se utiliza para las concesionarias, para lanzar un gravamen que generará una oleada de procesos judiciales. Así lo estiman los fiscalistas consultados por elEconomista que confirman que la tasa supone una doble imposición, lo que abre la puerta a que las empresas reclamen en los juzgados. Por si fuera poco, los expertos también consideran muy difícil demostrar que las empresas trasladen el impuesto a los consumidores. Se evidencia así la precipitación con la que se ha diseñado una medida populista que es injusta para las empresas y que abre la puerta a que existe una batalla legal.
La tasa a banca y energéticas es una doble imposición, y abre la puerta a que las firmas reclamen en los juzgados
De hecho, la petrolera Repsol ya advierte que hará todo lo posible para evitar el impacto de un "impuesto arbitrario". Todo apunta, por tanto, a que las empresas llevarán la lucha judicial hasta las últimas instancias, lo que podría obligar a devolver a las compañías los 7.000 millones en un futuro que se pretende recaudar ahora con el impuestazo.
