Tras declarar el lunes la economía de guerra que abría la puerta a intervenir centrales de gas, el Gobierno francés va un paso más allá al comunicar su intención de nacionalizar EDF al completo.
Para lograrlo, tiene previsto tomar el 16% del capital que no controla en la compañía. Este anuncio ha impulsado los títulos de EDF un 15% en bolsa, ya que los inversores estiman que la llegada de papá Estado paliará la delicada situación financiera de la firma, que debe 43.000 millones. A pesar de esta primera reacción del mercado, la nacionalización de EDF dista mucho de ser la solución a la crisis energética desatada por la guerra en Ucrania. Además, será nociva para la propia empresa ya que la experiencia enseña que conferir un control total al Gobierno de turno resta eficiencia. En consecuencia la cuenta de resultados de EDF será la primera que sufrirá la pérdida de flexibilidad que genera la gestión pública, una carga que tendrán que pagar finalmente los franceses. Por desgracia, España es conocedora de los daños que la intervención de empresas conlleva. De hecho la politización de los consejos hizo insostenible el modelo de las cajas de ahorro, lo que abocó a un rescate de 77.000 millones. Ante estas evidencias es urgente evitar que la crisis energética abra la puerta a una ola de nacionalizaciones en el continente europeo, como algunos ya anticipan. Esta situación no puede servir de excusa para amparar actuaciones contrarias al derecho a la propiedad privada y que están fuera de lugar en una economía de mercado como la española y la europea. Supone una regresión en el Estado de Derecho que establece un muy peligroso precedente y que ninguna emergencia puede justificar.
