Opinión

La Seguridad Social aún tiene camino que recorrer para cumplir con la Agenda 2030

  • Tres puntos clave para el desarrollo sostenible del Sistema

En los últimos tiempos se viene hablando de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible; sin embargo, queda aún mucho camino para recorrer especialmente en el ámbito de la Seguridad Social, como se ha indicado en la Revista 30 de ATASS, Asociación Profesional del Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social.  . En el foco de la Seguridad Social debemos tener en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible 1, 3, 5,10 y 16, que se refieren respectivamente al fin de la pobreza, a la salud y el bienestar, a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, a la reducción de las desigualdades y a la paz, justicia e instituciones sólidas. La Administración Pública en España ha ido adoptando medidas en cumplimiento de estos objetivos, y su reexamen se ha contemplado en el Informe de Progreso de la Agenda de 2030.

Sin embargo, un análisis crítico de este Informe pone de manifiesto que aún queda camino que recorrer en España en la Seguridad Social para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así, parece que la Administración continúa siendo algo lejano para determinados colectivos de ciudadanos, éstos no participan realmente en su funcionamiento de forma significativa y la brecha digital existente impide que todos los ciudadanos pueda realizar sus trámites de forma digital con ella; y, a la postre, en ocasiones puede romperse la relación directa entre Administración y ciudadanos, que debería existir, y hacer que éstos tengan que acudir en ayuda de profesionales que les resuelvan los problemas a cambio del correspondiente desembolso económico.

Si atendemos a las principales medidas aprobadas y su impacto real en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 hay que tener en cuenta:

Ingreso Mínimo Vital

El IMV no ha tenido el alcance que se previó inicialmente. El Gobierno estimó que este IMV llegaría a 850.000 hogares y a 2,2 millones de personas, cuando la realidad es que a diciembre de 2021 había llegado a un total de 824.441 personas. Es decir, no ha cubierto ni a la mitad de las personas previstas. Por su parte, también el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha tenido que soportar los desajustes que ha causado la COVID en su actividad diaria acusado, además, por el déficit y envejecimiento de plantilla con que cuenta.

En lo referente al gasto ejecutado, éste ha supuesto la cifra de 1.730 millones de euros, siendo lo inicialmente previsto de 2.998 millones de euros. El diseño de esta prestación ha recibido diversas críticas por su complejidad desde diversos frentes y por el hecho de que se pedían demasiados requisitos para tener derecho.

Asimismo, tampoco podemos desdeñar que la interconexión con otros Organismos y Administraciones, necesarios para la acreditación de los requisitos exigidos por la normativa, no ha sido todo lo eficaz y rápida que se desearía.

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)

Indudablemente los ERTES han supuesto una medida muy favorable y necesaria para atajar los efectos de la pandemia de la Covid-19 para las empresas y trabajadores. No obstante, no todo ha sido bonito en ellos y hemos de señalar que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha detectado más de 20.000 casos de fraude con ellos durante la pandemia. Han sido contratados miles de trabajadores durante la Covid que posteriormente eran incluidos en los ERTES. Este fraude lógicamente ha empañado en parte el éxito de eses medidas temporales y hace que se vea muy necesario incrementar el control durante su vigencia.

Transparencia pública

El objetivo 16 de desarrollo sostenible, al promover las instituciones sólidas, hace referencia al desarrollo de instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos sus niveles. Lógicamente, una de las condiciones que en ellas se tienen que dar es que éstas sean también transparentes.

Cuando la Ley de Transparencia. Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (Ley 19/2013) vio la luz, se crearon grandes expectativas en España para incrementar la información pública y la rendición de cuentas de los poderes públicos y poder así acabar con la corrupción existente en aquel momento. Sin embargo, pasados los años, son frecuentes las denuncias de falta de transparencia que aún siguen presentando los organismos públicos a la vez que una rendición de cuentas clara y fácilmente comprensible para la mayor parte de la ciudadanía brilla muchas veces por su ausencia. Incapacidad de acometer una reforma profunda de la Administración ayudada por el desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICS).

Las TICS han supuesto un concepto disruptivo en el funcionamiento de las Administraciones Públicas, agilizando procedimientos e interoperabilidad entre organismos. Sin embargo, cada vez son más las voces que entienden que no ha habido un cambio real en la Administración, y que la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), creada para la simplificación de organismos públicos existentes no ha tenido el efecto esperado. Es decir, la Administración sigue marcada por su carácter burocrático, jerarquizado, preocupando más la legalidad y el formalismo de los procedimientos que la consecución de los resultados.

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