El Gobierno aprueba hoy un nuevo paquete anticrisis con el que intenta paliar el impacto de los altos precios. Como ya realizó anteriormente, el Ejecutivo recurre en su mayoría a medidas de carácter general, como rebajar el abono transporte, en vez de concentrarlas en los sectores más vulnerables y las empresas que más sufren.
Por si fuera poco, y al igual que ocurrió con el descuento de 20 céntimos a los carburantes, la capacidad de este nuevo parche para controlar la inflación es más que dudosa. Así lo indica el tope del gas, que durante su primera semana de funcionamiento se ha mostrado incapaz de reducir los altos costes energéticos. A pesar de esta muestra de ineficacia, el Ejecutivo sigue adelante con una serie de medidas que tendrán un alto coste para las arcas públicas. En concreto, la factura de la bajada del IVA de la luz al 5%, el descuento del abono transporte, el cheque para las familias vulnerables, la prórroga de la bonificación de los combustibles y la subida de las pensiones no contributivas será de 4.400 millones. Un desembolso extra que el Gobierno aprueba sin recortar el gasto en otras partidas, lo que va en contra de los criterios de la UE. Y también del ajuste de 12.000 millones que piden los economistas para rebajar la tensión que la deuda española ya genera en el BCE y en los mercados ante la subida de tipos que encarecerá la financiación.
El Gobierno aprueba otro paquete anticrisis de 4.400 millones cuando la UE exige ajuste del gasto público
A pesar de este grave riesgo para nuestra economía, Moncloa vuelve a aprobar medidas temporales de marcado carácter electoralista, que son insuficientes contra la inflación. Además lo hace sin recortes de gasto en un momento en el que la ralentización de la economía (0,2% en el primer trimestre) impide cubrir el desembolso extra por la vía de los ingresos.
