Los trabajadores de las Administraciones Públicas suponen ya uno de cada cuatro asalariados en ocho comunidades autónomas.
Un análisis pormenorizado de los datos de la Encuesta de Población Activa revela que los funcionarios y trabajadores contratados por el Estado, las comunidades o los ayuntamientos sigue siendo una de las oportunidades de colocación más destacadas, sobre todo en las regiones con menor peso de sectores como la industria y los servicios. Así lo indica que en Madrid o Cataluña, la tasa no llega al 20%. Se trata de una situación reconocida incluso por sindicatos como UGT, que señala que el 45,6% de las vacantes en España corresponden al empleo público. Esta tendencia al alza no encaja con el declarado compromiso del Ejecutivo con los objetivos pactados con Bruselas, que pide un control del gasto y el déficit más riguroso. Y lo peor es que agrava las dudas, expresadas claramente por la propia Comisión Europea, sobre la solidez real de la recuperación del mercado laboral tras la pandemia. Porque estas cifras revelan hasta qué punto el Gobierno se sostiene sobre una Administración sobredimensionada para presentar una recuperación del empleo que maquilla las dificultades que atraviesan las empresas y los autónomos para crear nuevos puestos de trabajo.
El sector público absorbe ya un 25% del empleo en ocho comunidades y pone en duda la realidad de la recuperación
Además, el excesivo peso del sector público también provoca que España sea incapaz de revertir su abultada pérdida de productividad, la mayor de todos los países europeos. Una situación que el Ejecutivo, con la connivencia de varias regiones, esconde con una oferta pública exagerada, y de marcado carácter electoralista que solo se traduce en una mejoría temporal e insuficiente de los datos de empleo.
