El Gobierno prepara una reforma de la tarifa plana de los autónomos que reducirá a la mitad el coste de estas bonificaciones y reducciones de pagos a la Seguridad Social, lo que significa un ahorro de 500 millones al año.
La propuesta del Ministerio de Inclusión Social plantea elevar de 60 a 70 euros la cuota durante el primer año -que pasará al 50% de la tasa mínima en el segundo, tal y como se establece hoy-, así como reducir de tres a dos años la duración de la medida para los jóvenes. Pero el cambio más contundente y el que más dudas generará será, sin duda, el que limita la ayuda a que los ingresos no superen el SMI, obligando a la devolución de la diferencia cuando esto ocurra. Ello podría tener un elevado efecto disuasorio en las nuevas solicitudes, aunque también elevaría la incertidumbre de los autónomos en su primer año de actividad. Cierto es que, desde su creación en 2013, estos incentivos han arrojado un balance decepcionante. De hecho, solo un 13% de los negocios establecidos por trabajadores por cuenta propia que se benefician de ellos superan los dos años de vida. Las propias asociaciones de autónomos son las primeras en reconocer que dichos incentivos suponen un importante coste para la Seguridad Social y las comunidades y que no están correctamente diseñados. En este sentido, un endurecimiento de las ayudas resulta adecuado para reducir su coste. Pero no basta para garantizar que la tarifa plana sea un primer peldaño hacia el emprendimiento. Falta, por ello, un mínimo análisis previo de la viabilidad de los negocios a los que se concederán las bonificaciones. Mientras no se cumpla ese requisito se estará financiando a negocios abocadas a cerrar una vez agotada la ayuda.