Los datos adelantados de IPC de mayo recuperan la tendencia alcista interrumpida el mes anterior, con un repunte de cuatro décimas en la inflación, hasta el 8,7%.
Aunque se trata de una tasa aún inferior al récord del 9,8% de marzo, pone de manifiesto que el respiro que puede suponer la moderación en los costes de los combustibles y la electricidad no puede compensar el grave problema que los precios generan ya en el consumo y la economía. Prueba de ello es el avance imparable de la inflación subyacente, que excluye la volatilidad implícita de la energía y los alimentos frescos, y que el pasado mes sumó medio punto más, hasta el 4,9%, un nivel inédito desde 1995. Con ello acumula un año completo de subida, lo que desmiente el argumento del Gobierno de que esta desbocada evolución de los precios se debía exclusivamente a tensiones temporales en el mercado energético, exacerbadas por la guerra de Ucrania. Al contrario, este indicador confirma que el impacto de los altos precios alcanza a cada vez más productos de la cesta de la compra, lo que repercute gravemente en la factura que pagan hogares y empresas. Pero más grave aún es que el repunte de los elementos menos volátiles del IPC demuestra que los temidos efectos de segunda ronda empiezan a aflorar. Aunque los convenios aún registran subidas salariales relativamente contenidas, el dato de inflación subyacente deja claro el peligro que supone aplicar aumentos al margen de la realidad de la economía, tanto en sueldos como en pensiones. En un momento como el actual, en el que la recuperación pierde fuelle, como el propio Gobierno se ve obligado a admitir, hacerlo amenaza con enquistar este creciente daño a la economía.
