La Comisión Europea estudia expedientar a España por los límites a los pagos en efectivo que establece la ley antifraude del Ministerio de Hacienda aprobada el pasado año.
No cabía esperar otra actuación por parte de Bruselas tras el demoledor dictamen realizado el pasado marzo por el Banco Central Europeo. En el texto, el eurobanco no solo califica de "desproporcionado" el tope impuesto de 1.000 euros, que solo comparte Francia y que en la mayoría de los países del euro se sitúa en 3.000 euros. Considera además que tal reducción tendrá efectos adversos no deseados en la condición de curso legal de los billetes en euros, ya que "reduce la capacidad de los pagadores de utilizar la moneda comunitaria". Además, supone una "restricción a la libertad de los ciudadanos". A pesar de su contundencia, este análisis no debería haber sorprendido al Gobierno español, ya que supone una continuación de otro dictamen similar realizado en 2019 por el propio BCE en el que pedía frenar la medida alertando de serios riesgos para el euro y determinados sectores económicos. Las conclusiones del organismo comunitario distan mucho de ser exageradas. De hecho, el comercio minorista lleva tiempo protestando por el daño que para su actividad y para el consumo supone la severidad de la normativa. Algo lógico si se considera que el 80% de los pagos aún se hacen en efectivo y en ámbitos de compras como la tecnología, es habitual que se supere el límite de 1.000 euros.
Bruselas puede sancionar a España por el límite de 1.000 euros a los pagos en efectivo, que también penaliza al consumo
A la vista está que el Ejecutivo ha hecho caso omiso de todas estas advertencias. Su tozudez a la hora de mantener un tope tan bajo aboca a nuestro país a tener que hacer frente a las sanciones que Bruselas pueda dictar tras su investigación.
