La dificultad del Gobierno a la hora de encontrar apoyos parlamentarios con los que sacar adelante sus propuestas ha sido una constante de la legislatura.
Sirva como ejemplo la surrealista aprobación de la reforma laboral gracias a que un diputado del PP se equivocó al darle al botón o, más recientemente, la convalidación en el Congreso del Plan anticrisis de Sánchez gracias a Bildu. Esta debilidad del Ejecutivo deja en aire las reformas económicas que recomienda el Banco de España y seis leyes clave. Tres de ellas parten del Ministerio de Seguridad Social: el nuevo sistema de cotización de autónomos, la ley de impulso a los Planes de Empleo y la segunda parte de la Reforma de las Pensiones. A estas medidas se suman el Pacto de Rentas, los Presupuestos de 2023 y la Ley de Vivienda, también con escasos visos de salir adelante. Con todo, el gran problema es que el Gobierno, e incluso sus socios, muestran ya una inercia en sus acciones que da por amortizada la legislatura. Era ya evidente en el Plan de Estabilidad, por su completa falta de propuestas reformistas. Pero también lo es por el hecho de que el Ejecutivo tiene cada día mayores dificultades para lograr apoyos para sacar adelante sus proyectos legislativos. Todo apunta a que, pese a la gravedad de la situación económica, Moncloa no quiere desgastarse y centra todos sus intereses en el superciclo electoral que se avecina, con comicios en la mayoría de autonomías, pero también municipales y, en último término, generales. Esa actitud implica que la reforma fiscal o de financiación autonómica quedan definitivamente en el tintero en favor de guiños puntuales a colectivos rentables electoralmente sin importar que se siga incrementando el gasto público.
