Madrid
U na de las obsesiones del nuevo Gobierno socialista es que la banca pague más impuestos. La finalidad teórica del nuevo impuesto es pagar las pensiones. Sin embargo, el gasto en pensiones excede ya de los 140.000 millones de euros, mientras que los nuevos impuestos a la banca, como mucho, aportarán 2.000 millones de euros. En realidad, y de una forma u otra, todos pagaremos los nuevos impuestos a la banca. El razonamiento de la ministra de Empleo para negarlo es simplemente sorprendente: "Los bancos serán solidarios" y dado que los pensionistas son clientes, y los impuestos se pagan para pagar las pensiones, el importe no lo repercutirán en los precios de sus servicios: intereses de los créditos y comisiones bancarias.
Si a todos los bancos se les suben los costes, lo más habitual es que suban el precio de sus servicios, incluso aunque haya mucha competencia; y los bancos no dejarán de hacerlo por solidaridad, digan lo que digan las ministras de este Gobierno. Tenemos muchas menos entidades financieras, y las que quedan han cerrado sucursales, con lo que hay menos competencia bancaria que antes. Por esa razón, es bastante probable que los bancos puedan repercutir a sus clientes los mayores costes derivados de los nuevos impuestos bancarios. Por lo tanto, en su mayor parte, la subida de impuestos bancarios se traducirá en mayores intereses y comisiones para los usuarios de servicios bancarios, que somos casi todos: todo el que tenga una cuenta corriente o una tarjeta de débito o crédito.
Lo que parece una subida de impuestos a los malos de la crisis financiera esconde en realidad una subida indiscriminada de impuestos en la práctica, que además es regresiva. Los clientes más adinerados son precisamente los que tienen mayor capacidad de negociación para evitarse comisiones y sobre tipos en la financiación. Por el contrario, los clientes más humildes no tienen capacidad para negociar mejores condiciones y son los que, económicamente, soportarán proporcionalmente de forma mayor, esta subida de impuestos.
En la medida en que los bancos, en parte, no puedan repercutir estos nuevos tributos, el coste lo asumirán los accionistas bancarios. Esto, a priori, puede parecer más justo, pero también tiene consecuencias negativas. En primer lugar, no se entiende por qué una actividad necesaria, como es la financiera, debe soportar más impuestos que otra. Esto tiene sentido, si una actividad no incluye un coste que luego pagamos entre todos.
Por ejemplo, los combustibles no sólo tienen un coste de extracción y de refino, sino también contaminan. Por eso, porque el que contamina paga, y porque también hay que pagar costes sanitarios y de descontaminación, los combustibles están sometidos a un impuesto especial. Esto se conoce en jerga económica como externalidad. Sin embargo, salvo que identifiquemos la actividad financiera con la usura, y pensemos que debería estar prohibida, el dar y recibir dinero a préstamo es algo imprescindible para que una economía moderna -o incluso antigua- simplemente funcionen. Además encarecer y hacer más escasa la financiación no suele ser una buena idea. Los nuevos proyectos empresariales y profesionales necesitan financiación. Ésta es una condición imprescindible para que haya crecimiento económico. Los fondos propios de los bancos, capital y reservas, son la única garantía para sus acreedores. Por eso unos bancos con menores fondos propios resisten menos cualquier eventualidad. Además, y de acuerdo con la normativa y supervisión bancaria, los límites del crédito que pueden conceder los bancos está vinculado, precisamente a sus fondos propios. Por eso y dado que el negocio bancario está apalancado, una reducción de fondos propios, supone una reducción varias veces superior del crédito que un banco puede conceder. Esto significa que si el nuevo impuesto no se cobra a los clientes, lo que ocurrirá es que disminuirá el crecimiento del crédito, lo que significa menor financiación para el crecimiento económico.
Esta disminución del crecimiento del crédito podría tener algún sentido en los años de la burbuja, cuando el crédito estaba creciendo a tasas inasumibles de dos dígitos. Por supuesto, la alternativa inteligente sería una mejor supervisión micro y macroprudencial: es decir, traduciendo, controlar que no sólo se hubiese dado menos crédito, sino también mejor crédito, no casi todo concentrado en el ladrillo. Pero este incremento de impuestos a la banca hubiese tenido algún sentido, o estaría menos contraindicado, si el crédito estuviese creciendo desaforadamente, pero simplemente no es el caso.
La crisis de las cajas de ahorro, dirigidas por políticos del PSOE, el PP e incluso Izquierda Unida se llevó por delante a la mitad de las entidades financieras. Esto tuvo varios efectos, pero el más grave es que durante varios años no se pudo financiar parte de la actividad económica. Esto hizo mucho más grave nuestra crisis, especialmente en términos de empleo. Sin haber recuperado buena parte del empleo perdido, y sin haber exigido responsabilidades a buena parte de los responsables de este desastre, la idea del nuevo Gobierno del PSOE no es exigir más responsabilidades a los culpables, sino más impuestos a los clientes de los bancos, y al mismo tiempo restringir el crédito necesario para el crecimiento económico, es decir para recuperar el empleo perdido con la crisis.
No creemos que este planteamiento sea una buena idea. Por eso, en Ciudadanos apostamos por el control del gasto, y no por la creación de impuestos exóticos a actividades necesarias como la financiación de hogares y empresas. Sin embargo, lo único que parece interesarle al nuevo Gobierno socialista es la obtención de nuevos ingresos, con independencia de quién acabe pagando finalmente la fiesta, y de cómo afecten al crecimiento económico. Esta tal vez sea la vía para pagar el crecimiento desaforado del gasto. Pero, sin duda, ésta no es la vía para el crecimiento ni para la creación de empleo, que al fin y a la postre, son la única garantía de muchas cosas, entre ellas del Estado del Bienestar y el Sistema Público de Pensiones.
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