Pertenecer a la Unión Europea tiene muchas ventajas, y de hecho, estar en Europa ha proporcionado a España los mejores años de su historia, tanto en calidad democrática como en crecimiento económico. Esto no significa que las instituciones europeas no hayan cometido errores, algunos muy graves, en la gestión de la crisis, pero España hubiese estado mucho peor fuera. Además, gran parte de los errores de la crisis son internos, aunque a muchos no les guste reconocerlo.
La otra cara de los beneficios de pertenecer a Europa es aceptar sus reglas, entre otras las fiscales. Evidentemente, estas reglas también se pueden cambiar democráticamente. Pero incluso fuera de Europa también tendríamos que aceptar reglas fiscales, especialmente si queremos financiar nuestra deuda a un coste razonable. De hecho, prescindir de reglas fiscales lleva a financiar la deuda a un coste prohibitivo, o incluso a no poder emitir deuda, lo que obliga al déficit cero a todas las Administraciones. Al final, la ausencia de reglas fiscales, la indisciplina fiscal, lleva siempre a subidas imprevistas de impuestos y a recortes indiscriminados de gasto público. La principal amenaza al Estado del bienestar es siempre el gasto sin control.
En España, a lo largo de esta larga crisis que se prolonga diez años, hemos sido la nación menos disciplinada, con diferencia. Llevamos una década incumpliendo el objetivo de déficit. Esto ha hecho que nuestra deuda pública se sitúe alrededor del 100 por ciento del PIB, es decir, de todo lo que producimos en un año. Si subiesen los tipos de interés, y en algún momento lo harán, los intereses de la deuda serán un gran lastre, tanto para la financiación del Estado del Bienestar, como también para el crecimiento de la economía. Por otra parte, la desconfianza de nuestros acreedores, en que fuesen a cobrar lo que nos han prestado, llevó a disparar la prima de riesgo, es decir hizo que la financiación fuese más cara en toda la economía.
Esta preocupante situación parecía ir quedando atrás hace unos meses. El acuerdo presupuestario entre Ciudadanos y el PP determinó un presupuesto que, por primera vez en muchos años, se hizo sobre unas previsiones de ingresos razonables, que se están cumpliendo. El resultado es que al final de este año nadie habla de recortes, acuerdos de no disponibilidad, ni de subidas de impuestos. Todas las previsiones ya indican que es muy probable el cumplimiento del exigente objetivo de déficit de 2017, un 3,1 por ciento. De hecho, esto hubiese dado lugar a una reducción de nuestra prima de riesgo, y a una mejora de su calificación. La razón de que esto no haya ocurrido es, como saben los lectores, el golpe a la democracia perpetrado por los separatistas en Cataluña, que ha tenido graves consecuencias económicas, especialmente en la propia Cataluña.
Sin embargo, hay una proposición de ley en trámite que, de aprobarse, daría al traste con el objetivo de déficit y con la estabilidad presupuestaria; me refiero a la proposición de ley de renta mínima. El secretario de Estado de Presupuestos señalaba la pasada semana en el Congreso que su aprobación "provocaría la quiebra de Hacienda y pondría en peligro el sistema de bienestar". Lo que no se entiende es que el Gobierno del PP, que ha vetado centenares de proposiciones y enmiendas, de acuerdo con su prerrogativa del artículo 134.6 de la Constitución, en esta ocasión no vetase una proposición de ley, que como señalé en estas mismas páginas, simplemente no podemos pagar. El principal problema es que a este gasto superior a los 10.000 millones de euros anuales sólo nos oponemos Ciudadanos y el Partido Popular.
Algo parecido puede volver a pasar con la proposición de ley de Podemos de "reformar" la ley de estabilidad presupuestaria para eximir de la "regla de gasto" a los ayuntamientos con superávit, es decir la gran mayoría. Esto supondría que los ayuntamientos podrían incrementar sus gastos sin subir impuestos para financiarlos. Esto acabaría con el superávit de los ayuntamientos, que no seguirían reduciendo su deuda, e impediría cumplir el objetivo de déficit. Para el Gobierno del PP, en su informe de veto, esto llevaría a tener que subir impuestos, o recortar gastos en el Estado, por un importe superior a los 6.800 millones de euros al año.
El problema es que, esta vez, el Gobierno sí ha vetado, pero lo hizo fuera de plazo. Sorprendentemente, para vetar, por ejemplo, la rebaja del IVA del cine, o la eliminación del impuesto al Sol, con un coste 100 veces inferior, el Gobierno del PP tuvo suficiente con un mes, pero ahora no. En consecuencia, esta proposición de ley llegará pronto al Pleno del Congreso. Lo previsible es que como solo Ciudadanos y el PP estamos a favor de la estabilidad presupuestaria, la proposición de Podemos salga adelante con el apoyo de los independentistas y del PSOE podemizado.
La regla de gasto en España necesita una reforma que la flexibilice. Ésta no sólo es la opinión de Ciudadanos, sino también la de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Esto se puede hacer, dando mayor capacidad de gasto, y también aunque a la izquierda populista no le guste, también para reducir impuestos, sin poner en peligro los objetivos de déficit y la estabilidad presupuestaria. Sin embargo, lo que no se puede hacer es "eximir" de la regla de gastos, es decir de las reglas europeas de estabilidad, a miles de ayuntamientos. Esto no sólo no es serio, sino que es incumplir nuestras obligaciones con Europa, y con los españoles.
Ahora que estamos saliendo de la crisis, los españoles se merecen que se acaben los recortes, y que se les comience a devolver parte de los sacrificios.
Lo que no se merecen los españoles es que algunos políticos irresponsables vuelvan a las andadas, al gasto sin reglas. Porque este gasto sin tasa ni reglas nos devolvería a la crisis. Hay que cuadrar las cuentas, todo lo demás es un cuento populista que siempre acaba mal.
Por Francisco de la Torre Díaz. Diputado y portavoz de Hacienda de Ciudadanos. Inspector de Hacienda del Estado.