Un sistema fiscal vale en la medida en que vale la Administración Tributaria que tiene que aplicarlo. De la misma forma, la justicia del sistema fiscal, vale en la medida en que el sistema de revisión, la justicia tributaria, funcione. De nada le sirve a un contribuyente llevar razón, si no hay un órgano administrativo o judicial que se la dé. Más aún, incluso la lucha contra el fraude puede quedar en nada, si los Tribunales no dan la razón a la Administración Tributaria. Estos son principios evidentes, pero que a la vista de la situación de los Tribunales Económico Administrativos en España parecen haber quedado en el más absoluto de los olvidos.
Desde 2010, los Tribunales Económico Administrativos resuelven muchas menos reclamaciones de las que los contribuyentes interponen contra actuaciones de la Agencia Tributaria y de las Administraciones Autonómicas. Esto hace que haya una cola de más de 300.000 reclamaciones pendientes de resolver. Esto supone un evidente perjuicio para los contribuyentes, que en muchos casos reclaman con razón. De hecho, según la memoria de los Tribunales de 2014, los órganos económico administrativos dieron la razón a los contribuyentes en un 41,95 por ciento de los casos. En cuatro de cada diez casos, contribuyentes que tenían razón soportaron un retraso excesivo, e injustificable en un Estado moderno, cuando reclamaban frente a actuaciones incorrectas de las Administraciones Tributarias.
Por otra parte, los Tribunales Económico Administrativos fijan doctrina vinculante para toda la Administración Tributaria. Esto supone que una respuesta en plazo da seguridad jurídica no sólo a los ciudadanos y las empresas afectadas, lo que es evidente, sino también a los demás contribuyentes que saben a qué atenerse.
Lo peor de todo es que el retraso le está costando al Estado mucho más que los recursos humanos, presupuestarios y materiales, necesarios para resolver el colapso actual. Pensemos que cuando se sobrepasa el plazo de un año en la resolución, no se pueden liquidar intereses de demora a favor de la Administración Tributaria. Si la resolución es estimatoria -se le da la razón al contribuyente que recurre- hay que liquidarle intereses si ha pagado, sin limitación de plazo. Si el contribuyente ha aportado un aval, la Administración debe pagar los costes de la suspensión, que son mayores cuanto más tiempo pase. En resumen, resolver fuera de plazo implica pagar más en las estimaciones y no cobrar más cuando se desestime.
En estos momentos, el interés de demora tributario está en el 3,75 por ciento, y la deuda pendiente en los Tribunales es de decenas de miles de millones de euros. Por estas razones, es simplemente absurdo y anti-económico recortar personal en la resolución de las reclamaciones, que es lo que han hecho los gobiernos del PP y el PSOE en los últimos años. Además, en la medida en que se vayan dedicando más medios en la Administración Tributaria para luchar contra el fraude, el resultado será que se incrementen las liquidaciones. Esto inevitablemente significará que aumentarán las reclamaciones contra estas liquidaciones. Si no se incrementan los medios, tanto en la vía económico-administrativa, como en la posterior vía contencioso-administrativa, el actual atasco en la resolución de reclamaciones se convertirá inevitablemente en colapso. Esto no deja de ser una forma distinta de fracasar en la lucha contra el fraude, lo que además supondrá también un fracaso en la garantía de los derechos de los contribuyentes honestos.
El riesgo más evidente a medida que nos acercamos al colapso es el plazo de prescripción. Si los Tribunales de Justicia tardan más de cuatro años en resolver un recurso contencioso-administrativo no pasa nada. Bueno, por supuesto pasan muchas cosas, y ninguna positiva, porque, como señalaba Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Sin embargo, esto no supone automáticamente que se le dé la razón, la tenga o no, al contribuyente. Pues bien, si el Tribunal Económico Administrativo resuelve pasados cuatro años, si no hay interrupción de la prescripción por otro motivo, la resolución no será posible porque habrá prescrito el derecho de la Administración. Esto que resulta increíble en un Estado moderno, que se tarde tantísimo en resolver, podría estar ocurriendo ya, dado el enorme retraso acumulado.
En fin, dar la razón a contribuyentes que no habían pagado lo que debían es una injusticia. Además, lo que no pagan estas empresas y ciudadanos lo tendremos que pagar los demás. También es injusto que un contribuyente pague más de lo que debe. Y cuando esto sucede, la actividad económica se ve perjudicada y se incentiva la huida del Derecho Fiscal hacia la economía sumergida. Por esa razón, la calidad en la resolución de las reclamaciones, tanto en vía económico-administrativa como en vía contenciosa es esencial. Esta calidad es sumamente complicada, por ser suaves, cuando se está resolviendo al límite de plazos, especialmente si el plazo es el de prescripción.
Dado el enorme volumen de asuntos acumulados, más de 300.000, y que además no para de crecer, nos vamos aproximando al colapso. Esto tiene varias derivadas económicas. Hay algunas inmediatas de dinero que se está perdiendo todos los días por no resolver en plazo. Lo peor de todo es que nos aproximamos al riesgo de que prescriban cuantías importes, que encima, parcialmente, se han incluido como recaudación a efectos de contabilidad nacional. Dicho en román paladino, que el colapso en la vía económico-administrativo afectaría al déficit público, ocasionando recortes en el Estado del Bienestar o subidas de impuestos a los que ya los pagan.
Es hora de que el nuevo Gobierno actúe antes de que sea demasiado tarde. Para eso, los Tribunales deben tener más medios.
Evitar el colapso en la resolución de reclamaciones no sólo es una cuestión económica en la que nos jugamos mucho; es simplemente garantizar el Estado de Derecho, ni más, ni menos.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado. Diputado de Ciudadanos y presidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso.