La inesperada victoria del sí a la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit, está teniendo consecuencias imprevistas. La más espectacular es, sin duda, el cuestionamiento y posterior dimisión, de los líderes políticos británicos. Sorprendentemente, la epidemia de dimisiones se está cebando no sólo en los líderes que, supuestamente, estaban en contra del Brexit, como el irresponsable primer ministro David Cameron, sino también en quienes promovieron la salida, como Boris Johnson o Nigel Farage, líder del UKIP.
En realidad no es tan sorprendente, simplemente nadie tiene ni idea de qué hacer. En lo único en que todos se ponen de acuerdo es en no iniciar el proceso de separación previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión. Hay una excepción, el canciller del Exchequer, es decir el ministro de Hacienda, George Osborne, sí ha tenido una idea: rebajar el impuesto de sociedades en cinco puntos. Esto supone renunciar a la cuarta parte de la recaudación del impuesto, que ahora está en el 20 por ciento en Gran Bretaña.
Curiosamente, Osborne había advertido que si se producía el Brexit, se vería obligado a subir impuestos y recortar gastos. Seguramente tenga que hacerlo de todos modos. Pero de momento, lo que ha anunciado es una sustancial rebaja de impuestos... para las empresas. Para entender la propuesta es esencial conocer otra de las consecuencias del Brexit. De momento, varias grandes empresas, entre ellas la multinacional de las comunicaciones, Vodafone, o el enorme banco HSBC, han anunciado que trasladan su sede fuera del Reino Unido. Esto supondrá que un gran número de directivos y empleados de elevado poder adquisitivo abandonarán Gran Bretaña.
Esto tiene una derivada fiscal, incluso más importante que la del impuesto de sociedades que se deje de ingresar: las retenciones sobre nóminas y los impuestos sobre el consumo. Ante esto, para retener empresas, e incluso para atraer otras nuevas, lo que queda del Gobierno tory opta por rebajar impuestos a las empresas. Es algo parecido a lo que en su momento hizo Irlanda. Cuando este país tuvo que recurrir al rescate europeo, se vio obligado a subir prácticamente todos los impuestos, además de recortar gastos. Sin embargo, consiguió mantener su tipo privilegiado del impuesto de sociedades en el 12,5 por ciento. El Gobierno irlandés consideraba que si lo subía, huirían las multinacionales instaladas en su territorio. De hecho, incluso amenazó con abandonar el euro antes que tocar su impuesto de sociedades.
Aun así, la situación de Gran Bretaña no es la misma que la de Irlanda. En primer lugar, Gran Bretaña ha decidido abandonar la Unión Europea, lo que significará que las cuatro libertades comunitarias dejarán de aplicarse. La primera de ellas, la libertad de circulación de mercancías es esencial para el Reino Unido, más del 55 por ciento de sus exportaciones se dirigen a la Unión Europea. Si las empresas británicas tuviesen que acceder a este mercado con aranceles y otras barreras, la economía británica se hundiría irremediablemente, y sus dirigentes lo saben. En consecuencia, nadie quiere dirigir una negociación en la que saben que los británicos tendrán que aportar incluso más de lo que ahora aportan al presupuesto comunitario, para poder seguir estando en el mercado único. En este sentido, abrir una guerra fiscal con el resto de la Unión Europea no es una buena idea. La rebaja del impuesto de sociedades decidida en Gran Bretaña sólo parece tener un objetivo, competir para atraer empresas. Ahora bien, el resto de Europa, que les tiene que permitir el acceso al mercado europeo se ve perjudicada, perdiendo bases imponibles y beneficios que se trasladen al Reino Unido. Esto ya sucede en la actualidad con Irlanda, pero aunque no lo parezca, los británicos están en peor posición: no pueden amenazar con irse, sino que tienen que negociar su relación con los 27 Estados restantes.
Otro problema adicional de esta estrategia es que las demás libertades de circulación comunitarias dejarán de aplicarse. Prescindiendo en el análisis de la libertad de circulación de personas, que afectará sin duda a la movilidad de los trabajadores, quedan las libertades de establecimiento y de prestación de servicios. De ambas libertades se está hablando mucho menos estos días. Sin embargo, ambas libertades son esenciales para que las entidades financieras establecidas en la City, por ejemplo. Este tipo de razones hace que muchas entidades prefieran trasladar su sede central fuera del Reino Unido, aunque bajen los impuestos.
La otra derivada de que no se apliquen las libertades de establecimiento y de movimiento de capitales es puramente fiscal. Las medidas que permitían a los Estados luchar contra la carrera de rebajas en el impuesto de sociedades fueron anuladas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, precisamente por oponerse a estas libertades comunitarias. Ahora bien, estas medidas como la transparencia fiscal internacional o las normas anti-subcapitalización, entre otras, se pueden aplicar a empresas radicadas en terceros Estados, como en el futuro previsible sería el Reino Unido.
No deja de resultar irónico que el movimiento para que las multinacionales pagasen más impuestos naciese en el Reino Unido. Esto ya era irónico de entrada porque estas sociedades se aprovechaban de paraísos fiscales, que en su mayoría eran antiguas o incluso actuales colonias del Reino Unido, como Gibraltar. Ahora resulta que la primera propuesta seria para adaptarse al Brexit, sea intentar atraer multinacionales, bajándoles los impuestos. Esta propuesta del ministro Osborne no deja de ser una forma de intentar mitigar los problemas británicos, que el Partido Conservador y el electorado británico han creado, trasladándose al resto de los europeos. No deberíamos permitírselo y entrar en una carrera a la baja para reducir los impuestos a las multinacionales. De hecho, deberíamos convertir el Brexit en una oportunidad, por ejemplo para luchar contra los paraísos fiscales, pero de eso, hablaremos otro día.
Por Francisco de la Torre Díaz. Inspector de Hacienda del Estado y diputado de Ciudadanos
