Las medidas económicas dictadas por el Gobierno en el decreto ley del 17 de marzo, son necesarias, qué duda cabe, pero resultan insuficientes, más aún dada la marcha de los acontecimientos.
Un paquete de medidas que movilizará un total de 200.000 millones de euros, casi un 20% del PIB, que van desde la flexibilización de los ERTE a la moratoria en el pago de las hipotecas a las personas en situación de vulnerabilidad.
Sin embargo, es fundamental proteger y apuntalar el sistema productivo y empresarial, motor de nuestra economía y garante de que se sostengan los puestos de trabajo entre otras cosas.
Por ello, el Estado en colaboración con la banca, deben de tomar medidas urgentes y de calado, para apuntalar el sistema y no esperar a que colapse, para luego limitarse a intentar levantar los escombros.
Está adecuadamente planteado el hecho de que se suspenda el plazo de pago de los tributos (si la actividad es nula, tampoco se dejará de recaudar mucho, pero todo ayuda), o que no se obligue a las empresas insolventes a entrar en concurso de acreedores, pero eso de nada nos sirve si no se exige a las entidades bancarias, por decreto o ley, una moratoria obligatoria en la ejecución de sus créditos, para que no quede a su albedrío a quién ejecutan y a quién no. Es éste un asunto crucial.
El Estado y los bancos centrales deben de inyectar liquidez a la banca para que esta pueda cumplir con sus obligaciones y compromisos y que no colapse todo el sistema, pero al mismo tiempo que todos los españoles rescatamos el sistema financiero requerimos que esa solidaridad sea mutua; y por ello, se debería de obligar por ley, a que dicha banca ofrezca una carencia de cobro de los créditos y deudas de los autónomos y Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
Si un empresario tiene contraído un préstamo bancario que estaba devolviendo religiosamente, pero fruto de la crisis del coronavirus se queda sin liquidez, y requiere un aplazamiento para el abono de la deuda, esta solicitud no puede quedar al libre albedrío de la entidad financiera, que muy hábilmente podrá decidir a quién prorroga y a quien no, en función de si sabe dónde puede cobrar y dónde no.
Si el empresario contaba con un aval, éste será ejecutado, e implicará la ruina para cientos de empresarios, ¿y es esto justo? Salvar el sistema bancario con el dinero de todos, pero no nuestro tejido empresarial, ¿el de la España que madruga esa que levanta cada mañana la persiana?
El gobierno debe de apoyar a la banca, pero condicionándola a una moratoria general, que la impida por ley, que se puedan aprovechar las circunstancias actuales para asumir una actitud selectiva de ayudar a unos sí y a otros no, según interese.
En la pasada crisis económica, vimos cómo algunos pequeños empresarios se deslizaban hacia la quiebra cuando las entidades bancarias les denegaban de manera arbitraria las líneas de crédito (por no hablar del crédito promotor); aun cuando el Gobierno de entonces había rescatado con 110.000 millones de euros a las cajas de ahorros, entre 2008 y 2012, aprendamos de nuestros errores y cuidemos a nuestras PYMES que generan el 74% del empleo del país.
Para evitar la asfixia empresarial en la crisis del coronavirus, y ante los mensajes de "unidad", hemos de reivindicar un sistema bancario que tenga una cierta perspectiva, en estos aciagos momentos, social; y por ello, por decreto, es el momento del Estado del bienestar.
¿Tendrá este Gobierno, que se dice del cambio o progresista, el suficiente valor, el coraje, la visión, y la altura de miras para imponer a la banca una verdadera visión social? El tiempo lo dirá, pero en ello nos va la velocidad, el ritmo y el diseño del camino de una recuperación en la que ya es ineludible pensar y sobre la que inexorablemente debemos de trabajar.
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