La posibilidad de que la Justicia impute a BBVA como persona jurídica o a miembros del actual consejo de administración por la contratación del excomisario Villarejo para espiar a empresarios y políticos, pone en alerta al BCE.
Si se llega a ese escenario, el organismo comandado por Mario Draghi analizará si existen problemas de supervisión o de gestión de la entidad, y si la conclusión es afirmativa podría forzar cambios en la cúpula de la entidad financiera. En caso de no detectar fallos en la gestión, el BCE esperará a conocer el resultado de la sentencia para tomar las medidas que considere oportunas. Vaya por delante que el organismo comunitario está plenamente legitimado para cambiar a los máximos directivos de la entidad, ya que, además de ser guardián de la sostenibilidad del sector, es responsable de la reputación de las entidades europeas. Resulta evidente que la relación de BBVA con Villarejo lleva perjudicando la imagen del banco desde hace tiempo. De ahí que la obligación del actual consejo de administración sea la de adelantarse a ese escenario tan adverso que, previsiblemente, sería castigado por los mercados. Por tanto, y ante un riesgo de tal calibre, resulta aún más incomprensible que la entidad financiera siga dilatando en el tiempo la investigación interna sobre sus contactos con Villarejo, que inició hace ya más de un año. Máxime si se tiene en cuenta que todo apunta a que dicho informe está concluido. Pero el banco no pretende hacerlo público hasta que se cierre el sumario. Sin duda, a la Justicia le corresponde decidir el desenlace del proceso pero eso no debería servir a BBVA para frenar la investigación ante un caso como el de Villarejo que daña su reputación y obliga al BCE a elevar la presión sobre la entidad.
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