El sector del gas ha reaccionado con rapidez a los recortes propuestos a las redes de distribución por Competencia (CNMC) y amenaza con paralizar las inversiones.
De hecho esta misma semana Naturgy ya anunció que bloquea los 75 millones que tenía previsto invertir en sus redes en el resto del año. La reacción de las gasistas es comprensible ante el hachazo que la CNMCpropone, que implica una reducción de 6.000 millones en cinco años a partir de 2021 en la aportación del Estado a las infraestructuras, lo que impacta directamente en el negocio de las empresas. Así lo ha estimado el mercado que ha vendido con fuerza los títulos de las firmas. Además, las agencias de calificación S&P y Fitch ya han puesto en revisión al sector por la incertidumbre que las circulares de Competencia generan, lo que ha impactado en los bonos de las compañías. Un empeoramiento de la nota afectaría a la capacidad y coste de financiación de las empresas. De ahí que no pueda extrañar que las gasistas preparen estos días una batería de alegaciones para presionar al Gobierno, que es quien podría suavizar el recorte. A las empresas les ampara la razón. Primero porque la retribución al sector es una de las más baratas de Europa y es necesaria para que las empresas sigan invirtiendo en mejorar las infraestructuras. No obstante lo más importante es que una guerra energética crearía una inseguridad jurídica que podría retraer a los grandes fondos internacionales, que ya tienen 75.000 millones destinados a nuestro país, a seguir invirtiendo en el desarrollo de los objetivos del Plan Nacional de Energía y Clima. Por todo ello, es preciso llegar a un consenso. Lo contrario, castigaría a un sector que evita la utilización de fuentes de generación más contaminantes.