España tiene el segundo precio del gas natural más caro de la Unión Europea y uno de los cinco más elevados para la electricidad, según los datos de Eurostat. Estas cifras que ofrece habitualmente el organismo estadístico europeo no cumplen todavía los mismos requisitos que en el resto de países europeos. Por ese motivo, el Ministerio de Transición Ecológica prepara una Orden ministerial para determinar el contenido y la forma de remisión de la información sobre los precios aplicados a los consumidores finales de electricidad y gas.
La intención del Gobierno es adaptarse a la normativa marcada por la Unión Europea el 17 de noviembre de 2016 en un Reglamento relativo a las estadísticas europeas sobre los precios de gas y la electricidad que garanticen la transparencia de los precios aplicados a los consumidores finales.
La revisión semestral debe contener los precios incluyendo la energía y el suministro
El 14 de noviembre de 2018 la Comisión Europea concedió a España una excepción relativa a la remisión de los datos estadísticos para los periodos de referencia 2017 y 2018. En particular, la excepción se otorgó para el contenido en las que se recogen, respectivamente, los componentes y subcomponentes en que se desagregan los precios en el marco de la remisión anual a Eurostat, y los tres niveles de precios en los que se estructura la remisión semestral.
Una vez finalizado el periodo temporal para el que fue concedida la derogación, y al objeto de adaptar y dar cumplimiento al reglamento, el Ministerio ha presentado para consulta un texto que determina la información que tienen que remitir las comercializadoras de energía eléctrica que tienen una cuota de mercado mínima al Ministerio para la Transición Ecológica, para la elaboración de los precios aplicados a los consumidores finales de energía eléctrica, que serán remitidos por la Dirección General de Política Energética y Minas a la Oficina Estadística de la Unión Europea (Eurostat).
Datos homogéneos
Además de lo anterior, se incorporan en esta norma los criterios y especificaciones concretas que permitirán disponer de datos homogéneos y comparables por parte de las comercializadoras, lo que redundará en una mayor calidad de los precios obtenidos tras su tratamiento por la Dirección General de Política Energética y Minas.
La revisión semestral debe contener los precios incluyendo la energía y el suministro. Un segundo envío sobre los precios incluyendo energía, suministro, peajes de acceso a las redes, impuestos, tasas, gravámenes y cargos que no sean recuperables y, por último, los precios que incluyen los anteriores conceptos y los impuestos recuperables.
La obligación de remitir datos afectará a las comercializadoras de referencia; las que ostenten una cuota del total de los puntos de suministro en mercado libre mayor al 0,15%; las que cuenten con más de 3.000 clientes y hayan incrementado su base de clientes en mercado libre en más de un 100% durante el último año móvil; o las que tengan una cuota del total de la energía comercializada en mercado libre mayor al 1% durante el último año móvil.
Transición Ecológica estima el coste de presentar estos datos del gas en 5.472 euros.
