Más allá de la aprobación de las cuentas, los cambios estatutarios o el discurso de Antonio Garamendi –por cierto, serio, sensato, ponderado y reivindicativo- la atención de las conversaciones en pasillos de los empresarios asistentes a la Asamblea General de la CEOE tenían como foco un desplante y un vacío.
El desplante venía del lado del Gobierno. Ningún miembro del Ejecutivo asistió a la reunión anual de la organización empresarial en claro contraste con lo ocurrido en años anteriores. Ausencia, además no justificada. "Alegaron que estaban en funciones", afirmaba un alto directivo de la patronal quien no ocultaba el malestar general entre los asistentes. Sobre todo porque el hecho de estar en funciones no impidió a la ministra Valerio, responsable de Trabajo, asistir a los desayunos de Europa Press y al Congreso Español de la Sociología en Valencia, justo el día anterior a la Asamblea de la CEOE. De la misma forma que no fue obstáculo para que la ministra de Industria, Reyes Maroto, se desplazara a actos empresariales en Perú. ¿Desplante, aviso, omisión deliberada? Cada uno lo interpretaba de una forma pero, en cualquier caso, una falta de sensibilidad y de respeto inexplicable.
El vacío tenía como protagonista a otra ministra, en este caso una ex, puesto que algunos medios de comunicación habían anunciado el nombramiento de Fátima Báñez como vicepresidenta de la CEOE, precisamente en ese acto. Nombramiento que no se produjo aunque sí se aprobó la ampliación de vicepresidencias que pasarán de cuatro a diez, aunque no se produjeron los correspondientes nombramientos. "Hay discrepancias en la directiva sobre Báñez", confirmaba uno de sus miembros que matizaba que "no se cuestiona la valía y la figura de la ex ministra, sino que se cuestiona el momento porque, recuerdan, nunca un miembro del Gobierno ha pasado directamente del Consejo de Ministros a la CEOE".
Los empresarios toman nota de la ausencia del Gobierno en la asamblea de la CEOE
La decisión está sólo aparcada y puede confirmarse después del verano cuando se nombren también las otras de las vicepresidencias, una de las cuales será, sin duda, para Lorenzo Amor, presidente de la integrada asociación de autónomos, ATA.
Y respecto a las palabras de Garamendi, fueron muchos quienes destacaban la denuncia, una vez más, de la economía sumergida. Un fraude, consentido, cuando no directamente fomentado, desde algunas administraciones, que estafa anualmente 220.000 millones de euros al Estado, es decir a todos los españoles, que equivalen al 22 por ciento del PIB nacional y cuyo afloramiento permitiría eliminar de un solo golpe los 22.000 millones de euros de déficit de la Seguridad Social, los 3.867 millones de nuestro déficit público y aliviar una parte importante del endeudamiento.
Estudios sitúan a España como país con más economía sumergida en porcentaje del PIB
Los datos que manejan los principales servicios de estudios los organismos multinacionales sitúan a España como el país con mayor volumen de economía sumergida de la Unión Europea en porcentaje del PIB, con el citado 22 por ciento, tasa que duplica el 11 por ciento del Reino Unido y que supera a las de Alemania y Francia en 10 y 8 puntos de PIB, respectivamente. Un liderazgo vergonzoso y que como casi todos los males de la economía y en la vida de los ciudadanos, la solución sólo depende de una decisión política de quienes mandan. Y las recetas son sencillas: mayor inspección fiscal y laboral, aumento de las sanciones y rebaja impositiva. ¿Hasta cuándo?
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