La segunda ronda de comparecencias en la Audiencia Nacional de los directivos de BBVA (en ejercicio o retirados) que han sido imputados por su presunta vinculación con el excomisario Villarejo, terminó con una decisión de la Fiscalía de máxima trascendencia.
Por primera vez, pesa sobre un ejecutivo del banco, el exjefe de Seguridad Julio Corrochano, una petición de cárcel. Todo apunta así a que los acusadores dan credibilidad a las grabaciones de Villarejo en las que, presuntamente, se documentan encuentros en persona del expolicía con Corrochano. Pero aún más grave es el hecho de que, en esos mismos documentos, el exjefe de Seguridad de BBVA asegura que elaboraba informes puntuales, sobre las operaciones, para su "presi", un cargo entonces ocupado por Francisco González. Por tanto, resulta probable que la investigación se oriente ahora hacia el puesto más alto en la cúpula del banco en el periodo investigado (2004-2017). Por sí sola, esa perspectiva se revelaría crítica para cualquier banco, pero lo áun es más para BBVA debido a la gran cantidad de causas, de diversa gravedad, que tiene abiertos en todos sus principales mercados. La recientemente abierta investigación en su filial argentina, por operaciones ligadas al blanqueo, es el último episodio de una serie de conflictos judiciales que incluyen una acusación fraude piramidal en Turquía y varias demandas por bloqueo de cuentas a extranjeros en EEUU. Sólo a los jueces corresponde decidir el desenlace de estos procesos, pero eso no significa que BBVA tenga que mostrarse paralizado ante el aluvión de sucesos que minan su reputación. Especialmente en el más grave de ellos, el caso Villarejo, urge que la entidad retire a los altos cargos ya imputados.
Los conflictos en EEUU, Turquía o Argentina empeoran los problemas que la evolución del 'caso Villarejo' ya plantea