Después de dos cumbres europeas fracasadas, por fin se ha designado a las personas que ocuparán los más altos puestos institucionales de la UE, incluyendo los dos de mayor peso: las Presidencias de la Comisión y el BCE. En el caso de estos dos organismos, se han cumplido varias de las expectativas.
La actual directora gerente del FMI, Christine Lagarde, cogerá las riendas del Banco Central y la ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, hará lo propio en el Ejecutivo europeo. Se cumple de este modo el deseo que el Europarlamento expresó, antes de las elecciones de mayo, de que las dos responsabilidades recaigan por primera vez sobre mujeres. Se confirma también el nuevo reparto de poderes entre Alemania y Francia, más acorde al actual interés de Berlín de acumular una influencia más política que económica, crucial para definir la acción en áreas clave como la inmigración. Pero, más allá de equilibrios entre Estados, deben valorarse las buenas expectativas que alimenta la llegada de Lagarde a Fráncfort. Experiencias pasadas apuntan a que la presencia de una mandataria francesa garantiza que, en el diseño de su futura estrategia, contará con sensibilidad hacia las necesidades de las economías del Sur, como la española. Como mínimo, puede garantizarse que no sufrirá las presiones que habría tenido que soportar un presidente alemán, como Jens Weidmann, dados los perjuicios que los ahorradores de su país de origen atraviesan por el mantenimiento de los tipos de interés en mínimos. La anémica situación que la economía de la eurozona todavía muestra hace necesario seguir el camino trazado por el aún presidente Mario Draghi, y evitar así un endurecimiento prematuro de la política monetaria.