El estatuto de los grandes demandantes de electricidad continúa su elaboración, un proceso en el que el Gobierno tendrá que atender una salvaguarda en pro de la competencia que Bruselas demanda.
La UE considera que los actuales criterios para otorgar el status de electrointensivo muestran una restricción muy alta. Bajo la exigencia de que el consumo anual no baje de 40 gigawatios anuales, solo las grandes fábricas tienen acceso a unas rebajas en la factura que resultan inalcanzables para pymes. Se trata de una discriminación cuestionable. Gran número de pequeñas y medianas empresas registran, por sí solas, un consumo mucho más reducido. Sin embargo, en muchos casos su actividad está orientada a la exportación y compiten contra rivales que sí disfrutan de estas exenciones. Existen, por tanto, razones de peso para seguir las pautas que la Comisión marca, como ya hizo Francia con anterioridad. Gracias a ello, miles de pymes relacionadas con sectores industriales (cementeras, azulejeras, laboratorios...) se beneficiarán de una necesaria rebaja de la luz. Ahora bien, todavía queda un largo camino para solucionar el grave problema que el alto coste energético supone en estas actividades. Iniciativas que ya se barajaron para el estatuto de grandes consumidores, como bonificar partes del recibo (los pagos por capacidad), no suponen un ahorro significativo. Hay soluciones mucho más ambiciosas, especialmente eximir a la industria de los peajes (la parte regulada de la factura), imitando lo que ya se hace en Alemania. Es cierto que supondría un alza en el recibo del resto de consumidores, pero es probable que aquellos la acepten a cambio de asegurar el mantenimiento de las fábricas y del empleo de alta calidad que crean.
