La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) denuncia el deficiente manejo de la concesión de las subvenciones que muestran tanto el Estado como las autonomías. Sin duda resulta inaudito que, en un capítulo tan cuantioso de los presupuestos (14.300 millones solo en 2017) no exista un seguimiento exhaustivo de las partidas que se liberan.
Como resultado, en casi un 10 por ciento de estas ayudas ni siquiera quedó constancia de cuál era la cantidad que se concedía a sus beneficiarios. Existen también otros síntomas de descontrol, como la falta de supervisión a la hora de evitar que las subvenciones se solapen, y una misma persona u organismo acapare varias. Igualmente preocupante es la ausencia de una actualización de los criterios para concederlas. En sectores como el inmobiliario, aún se hacen pagos con arreglo a requisitos propios de la década de los 90, pese al profundo cambio demográfico que se produjo desde entonces. Con todo, la denuncia más grave de la AIReF tiene que ver con la impunidad de la que se benefician las irregularidades en este campo, incluso tras ser detectadas. Ocurre que quienes recibieron subvenciones sin tener derecho no solo no son multados, sino que tampoco se reclamen devoluciones. Resulta difícil explicar esta laxitud, sobre todo si se compara con la severidad que la Agencia Tributaria o las Haciendas autonómicas muestran al perseguir los incumplimientos de los contribuyentes (las recientes campañas del IVA y Sociedades dirigidas a pymes y autónomos dan fe). Quizá el hecho, señalado por la AIReF, de que el 10 por ciento de las subvenciones sufragan la gestión de las propias Administraciones explique el doble rasero que muestran a la hora de combatir las anomalías.