Un reciente informe de BBVA remitido a la CNMV expone con claridad la posición del banco ante el escándalo que todavía asedia al expresidente de la entidad, Francisco González, y que lo relaciona directamente con las labores de espionaje masivo del excomisario Villarejo.
BBVA explica al regulador que no puede garantizar que todos y cada uno de sus ejecutivos y empleados cumplen con el código ético de la entidad. Sin duda, en una empresa multinacional, con una plantilla de más de 120.000 personas, resulta inviable una supervisión exhaustiva de sus integrantes. No obstante, conviene subrayar que González no era un cualquiera en ese organigrama, no solo por las funciones ejecutivas que desempeñó durante décadas. En el ámbito específicamente ético, el presidente de un banco de la eurozona tiene un rol primordial y, por ello, el BCE exige la plena presunción de honorabilidad para que se pueda desempeñar esa función. De hecho, fue la total pérdida de esa condición la que impulsó a Fránfort, junto a múltiples instituciones (Banco de España, Economía, AEB...) a demandar la salida de González de la Presidencia de honor. En el futuro, sería deseable que BBVA lleve a cabo una vigilancia más estrecha de los cargos destinados custodiar los principios éticos de la entidad. En el corto plazo, más importante aún es el hecho de que, finalmente, el banco demuestra sin ambigüedades que corta todo vínculo con su exprimer espada. De hecho, debió haberlo hecho antes, sin esperar al escenario actual, en el que una imputación de González por el caso Villarejo es una posibilidad muy real. El tiempo que se le permitió atrincherarse en su puesto supuso un desgaste del prestigio de BBVA ante los mercados y los inversores.