Grifols sólo paga en nuestro país un 1,4 por ciento de sus impuestos por beneficios. Es la consecuencia de que el laboratorio recurra a la maniobra usual entre multinacionales de domiciliar su negocio en países de baja tributación, como Irlanda.
Se trata de una práctica legal que la UE sin embargo ataca por la injusticia que supone que una firma no tribute en los territorios donde opera. Tal incoherencia es especialmente clamorosa en el caso de Grifols. No sólo debido a que pasó por encima de su apoyo expreso al independentismo y sacó su tesorería de Cataluña. Más importante resulta el hecho de que el laboratorio es el único suministrador autorizado de sangre procesada en toda España. Los beneficios que obtiene por ese monopolio deben tributar en nuestro país.