Adif se adapta a las exigencias del Plan Director de Lucha contra el Cambio Climático que el Gobierno aprobó antes de las elecciones generales de abril. El gestor ferroviario hace así suyos los objetivos de reducción del uso de combustibles fósiles hasta 2030 lo que, en este caso, equivale a la práctica eliminación del parque de locomotoras impulsadas con motores diésel.
No se trata de un objetivo fácil si se tiene en cuenta la elevada extensión de vías que no se encuentran todavía electrificadas en España. Suman más de 5.600 kilómetros, lo que supone un desembolso de casi 3.000 millones de euros si se pretende dotarlas de una catenaria. Pero, además de los costes, debe ponderarse también la amplia dependencia que el transporte de mercancías tiene de las locomotoras que consumen gasóleo. Pese a la gran importancia que el desplazamiento mediante camiones ha logrado en Europa, se estima que una de cada cinco toneladas se sigue transportando en España mediante convoyes cuya cabeza tractora es un motor diésel. Sin duda, la lucha contra el cambio climático hace inevitable acometer esfuerzos para reducir la presencia de la propulsión mediante combustibles fósiles. Con todo, esa camino debe definirse con realismo, reconociendo el gran peso que el diésel aún tiene en múltiples sectores económicos. No tiene sentido exigir una reconversión apresurada al ferrocarril ni, mucho menos, al sector del automóvil dada la aún ínfima producción anual de coches híbridos o eléctricos, o la ausencia de puntos de recarga. Conviene tener presentes estos hechos y evitar, en la próxima legislatura los mensajes infundados sobre el futuro del diésel lanzados desde las instituciones.