La fiscalidad es una de las expresiones primarias de la soberanía. Señores, reyes y parlamentos se otorgaron el poder de recaudar. ¿Y la Unión Europea? Siendo sus Estados miembros plenamente soberanos, la UE maneja las cuestiones fiscales en el Consejo de la Unión, por unanimidad de los países. También la UE gestiona el pequeño presupuesto comunitario cuyos recursos sí son considerados propios de la Unión desde 1970.
De esta suerte, la unanimidad y veto de los Estados miembros ha hecho que la armonización fiscal europea haya sido ralentizada y sea a todas luces menor, a pesar de que la diversidad en los tipos del IVA y los impuestos específicos en carburantes y energía afecten sobremanera al mercado común, y a pesar de que la elusión y evasión sean muy importantes en el impuesto sobre el beneficio de las sociedades.
En las dos últimas décadas tres cambios sistémicos han venido a plantear la urgencia de avanzar en la armonización fiscal europea.
Un primer cambio es la propia integración europea y la general globalización. Las empresas más globales tienen ventaja al maximizar su rentabilidad fiscal-financiera al residir donde son menores o más eludibles los impuestos indirectos (sobre la energía, a veces sobre las ventas) y directos (sobre las sociedades).
Un segundo cambio es la digitalización. La informatización favoreció la globalización y facilita la movilidad fiscal, las cadenas globales de valor y la instantaneidad de las operaciones. De este modo, los imperios Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft y tantas otras empresas contribuyen al fin con muchísimo menos de lo que establecen las legislaciones nacionales.
Un tercer cambio es la unión monetaria europea. El euro introdujo la necesidad de una regulación fiscal-financiera única para los miembros de la eurozona y de la UE. Ciertamente, hubo avances significativos en la go-bernanza económica europea, especialmente en materia de corrección de los desequilibrios macroeconómicos. Se limitó el déficit público al 3 por ciento del PIB y la balanza por cuenta corriente al -/+ 6 por ciento del PIB. También se ha progresado en reglas e instituciones únicas para la prevención y corrección del riesgo sistémico y la sostenibilidad de las entidades financieras. Pero la armonización fiscal, clave para que las empresas globales centradas en Internet paguen impuestos, se resiste, por no mentar la tasa Tobin, o los impuestos digitales o medioambientales europeos. Obviamente, es clamoroso el trato fiscal radicalmente desigual a las empresas según cual sea su residencia, su sector de actividad o su tamaño.
En este contexto, la Comisión Europea saliente ha presentado al Consejo de la Unión, donde están representados los Estados que deciden, propuestas para reducir gradualmente la unanimidad en materia fiscal y poder implementar una política común en este ámbito que es clave para la competencia económica, la equidad fiscal y la suficiencia de las finanzas públicas.
Países grandes como Alemania, Francia y España están a favor de las propuestas fiscales de la Comisión. Por ellas apuestan fuerte el presidente Juncker, el vicepresidente para el euro Dombrovskis y el comisario de economía Moscovici. Si el Parlamento Europeo que se escoja en mayo recogiese el anhelo de justicia fiscal y eficacia económica, podría haber avances en materia de armonización fiscal europea. Asimismo, este sería un gran paso hacia la soberanía europea. Sin embargo, finalmente, la decisión de postergar la unanimidad para avanzar en política fiscal europea deberá tomarla el Consejo de la Unión… ¡por unanimidad!
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