Para reducir déficit y gasto público, el Gobierno evalúa la efectividad de los incentivos a la contratación. Lo que podría llevar a prescindir del 60 por ciento de estas bonificaciones (1.500 millones).
Es un principio correcto que el Ejecutivo valore la eficacia de unas medidas y prescinda de las que considere ineficaces, ya que suponen una carga inútil para las arcas públicas. Ahora bien, se debe tener cuidado con encarecer la contratación en un país donde el paro (especialmente en los mayores de 52 años) es el gran problema. Las empresas ya soportan unas elevadas cargas sociales. Por tanto, restar incentivos a la contratación sin compensar a las compañías con una bajada en cotizaciones sociales supone una subida de impuestos encubierta, que frenará la creación de empleo.
