El Gobierno exigirá a las ciudades de más de 50.000 habitantes limitar el tráfico en sus zonas centrales a partir de 2023, para reducir el uso de vehículos en entornos urbanos.
Sin duda, la medida es coherente con las políticas ambientales que se siguen en Europa. No obstante, el Ejecutivo va más allá al incluir en las restricciones a casi todas las capitales de provincia, lo que se antoja excesivo. Con todo, el gran peligro que este tipo de medidas corren es que se tomen con precipitación, como ocurrió con Madrid Central. Para no caer en el mismo error se debe dotar a las urbes afectadas de infraestructuras disuasorias en las que los ciudadanos puedan dejar sus vehículos. Además de valorar el impacto negativo que estas medidas puedan tener en el comercio.